Número-348
- Plantea que la Secretaría de Desarrollo Social formule, conduzca y evalúe la política de desarrollo social para el combate a la pobreza.
- “México no puede conformarse con ser el país de los satisfactores mínimos y de sólo unos cuantos con derechos plenos”.
Es necesario dar paso a una nueva etapa de políticas públicas con auténtica visión de Estado, y terminar con los actos que distorsionan la política social, porque atentan contra la desigualdad, dignidad y derechos humanos de los destinatarios de los programas públicos, argumentó.
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social propuso que la Secretaría del ramo, esté obligada a formular, conducir y evaluar la política general en esta materia para el combate efectivo a la pobreza, a fin de garantizar que dicha política esté vinculada con las políticas de empleo y desarrollo económico.
Con la reforma, se eliminará la facultad de la Secretaría de Desarrollo Social de evaluar la Política General de Desarrollo Social ya que, de acuerdo al artículo 102 constitucional en su apartado C, esta atribución corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Desde la tribuna del Senado, la legisladora señaló que a través de los años se ha demostrado que no es suficiente la modalidad de asistencia mínima para los pobres extremos, pues a pesar de la importancia de la entrega de apoyo a las familias que más lo requieren, no alcanza a romper la transmisión generacional de la pobreza, ni para acabar con las clientelas electorales.
Las políticas de transferencias monetarias condicionadas no eliminaron su enfoque asistencialista, precisó, ya que aún se conciben como dádivas y los destinatarios son vistos como población objetivo y no como sujetos de derecho.
La senadora expresó que el objetivo de los programas más emblemáticos de combate a la pobreza no se traduce en la creación de oportunidades de empleo y tampoco en la garantía de obtener mejores ingresos, por lo que es imprescindible vincular los programas sociales con las políticas de empleo, y con una estrategia de desarrollo que beneficie a todos, no sólo a unos cuantos.
La acción del Estado, aseguró, no deben limitarse a posibilitar la sobrevivencia de millones de personas. “México no puede conformarse con ser el país de los satisfactores mínimos y de sólo unos cuantos con derechos plenos”.
Subrayó que el Programa Prospera incorpora la inclusión laboral y productiva en dos de los ejes articuladores de su nuevo diseño. Sin embargo, en el fondo atiende a las mismas personas con recursos focalizados, no con uno sino con varios programas que responden a una lógica donde el Estado se desentiende, porque son las familias las que deben hacerse cargo de su propio desarrollo, de la satisfacción de sus derechos.
Al respecto, dijo, el Coneval ha insistido en que el empleo debe ser uno de los ejes dentro de la política de desarrollo social del país, y que el desarrollo social debe estar acompañado de políticas económicas que busquen mejorar el empleo, su calidad y el ingreso de la población.
Asimismo, informó que la Ley General de Desarrollo Social, establece que la Política Nacional de Desarrollo Social debería incluir la vertiente de superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.
No obstante, esta disposición permaneció como letra muerta, hasta este sexenio, aunque los cambios de Prospera han sido insuficientes, finalizó.
La propuesta que reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
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