Número. 302

• Aspirantes cuentan con los requisitos de elegibilidad que señala la Constitución: PRI y PVEM; nuevo ministro debe ser imparcial, considera el PAN.
• PRD y PT presentan moción suspensiva en contra del dictamen que “prefigura el nombramiento de Eduardo Medina Mora”.

Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT fijaron su postura sobre el dictamen por el que se determina que Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y son elegibles para cubrir la vacante generada por el fallecimiento de Sergio Armando Valls Hernández.

Al presentar el proyecto, el senador Roberto Gil Zuarth expresó que quien resulte electo no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado --“que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad”-- sino un mandato de la República.

El nuevo ministro, aclaró, será depositario de un conjunto de deberes de Estado que no admiten apartamiento alguno por razones de índole personal o partidario. Cada día, por el resto de los próximos 15 años, agregó, deberá rendir tributo al alto honor que recibe.

Ello, acotó el presidente de la Comisión de Justicia, porque las instituciones, incluida la SCJN, no tienen más dueño que los mexicanos; “no lo somos quienes integramos los poderes públicos, pero tampoco quienes se asumen como la conciencia moral de la sociedad o pretenden encarnar el único progresismo jurídico válido”.

Al presentar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el senador Ernesto Gándara Camou aseguró que los tres aspirantes a ocupar la vacante en la Suprema Corte cuentan con los requisitos de elegibilidad que se señalan en la Constitución para ser ministro del Máximo Tribunal.
En el PRI, dijo, no estamos de acuerdo y no podemos aprobar que se juzgue a una persona por apreciaciones o suposiciones, cuando la justicia ha abordado en los casos aludidos las causas y deslindado responsabilidades. Los señalamientos son un atentado a la reputación de Eduardo Medina Mora, son injustos e infundados, agregó.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez, señaló que su bancada irá en unanimidad para la elección del próximo ministro. Durante el proceso fueron escuchadas las expresiones a favor y en contra de los aspirantes, por parte de la sociedad civil, dijo.
Precisó que el nuevo ministro de la Suprema Corte debe ser imparcial, con alto sentido y respeto irrestricto de los derechos humanos, y el apego a las leyes que rigen a la nación, por encima de cualquier interés personal o particular.

El senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que dar un voto a Medina Mora marcará la desconfianza social en las resoluciones en las que él pudiera ser ponente; además, subrayó, no tiene buena reputación ni el reconocimiento de la sociedad, “porque no respeta los derechos humanos y no tiene los conocimientos sobre la administración de la justicia”.
Con la designación de Medina Mora se demerita a la Corte y se lastima su dimensión política y republicana, al hacerla retornar al criterio político. No es permisible, subrayó el senador Luis Sánchez, hacer nombramientos en razón de la empatía o la instrucción directa.
A nombre del Partido Verde Ecologista de México, el senador Carlos Alberto Puente Salas señaló que no hay elementos técnico-jurídicos que hagan dudar de la competencia, imparcialidad y profesionalismo de los tres candidatos, por lo que la calificación de idóneos se sustenta con elementos materialmente objetivos y “no en simples opiniones”.
Dijo que el nuevo juez constitucional tendrá tareas de la más alta responsabilidad y se enfrentará a retos mayores, pues el sistema de justicia nacional experimenta transformaciones sustanciales. Requerimos, agregó, de un ministro honesto, independiente, con responsabilidad y compromiso, convencido de que la justicia existe y que el derecho es el instrumento ideal para lograr la convivencia justa y pacífica.

Al fijar la posición del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que Medina Mora incumple los requisitos constitucionales para ser ministro, pues “no goza de buena reputación ni de buena fama”, “no tiene prestigio” como demanda la Carta Magna y ciudadanos, académicos y periodistas independientes señalaron que “es un policía que ha participado en actos de represión contra mexicanos”.

Señaló, que el candidato desatendió “innumerables recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participó ilegalmente en contra de la vida de cientos de mexicanos, autorizando --de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos-- en la introducción de armas a México”.

Previamente los senadores Dolores Padierna Luna y Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un voto particular en contra de que se nombre a Mora Icaza como ministro de la SCJN.

Padierna Luna advirtió que con dicha designación se puede “premiar la impunidad en la reiterada violación de los derechos humanos, la tortura y los abusos de autoridad, la ineficiencia en el ejercicio de la procuración de justicia” y “a uno de los inventores de la guerra contra el narcotráfico, que la actual administración ha calificado como estrategia fallida”.

Además, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, y Manuel Bartlett Díaz, del PT, presentaron una moción para suspender el trámite del dictamen, pero las peticiones fueron rechazadas por el Pleno con 83 votos en contra y 21 a favor.

De la Peña Gómez destacó que es notoria la inconformidad de organismos de la sociedad civil en contra de la propuesta de Medina Mora, “argumentando que se trata de un personaje caracterizado por su incompetencia y por su parcialidad, ya que en su desempeño como Procurador General de la República fue responsable violaciones a los derechos humanos”.

De aprobar el dictamen que prefigura el nombramiento del ex Procurador, advirtió, “se sentaría un nefasto precedente para la vida democrática de México y el mensaje que se estaría enviando es que lo menos importante en el máximo tribunal es la justicia y la seguridad jurídica”.

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