Número-264
- Senadores y diputados federales ser reunieron en el Senado con representantes de Sofipos para analizar la ley vigente de ahorro al crédito popular.
- A Sociedades Financieras Populares les preocupa que haya retroceso en lo ya aprobado en la reforma financiera.
Asistieron representantes de Sofoles y Afores que mostraron su apoyo a la homologación el seguro de depósito al mismo monto que se aplica en las instituciones bancarias; y que se establezca un régimen transitorio que exente a los integrantes comité de supervisión de la obligación de estar certificados por una institución autorizada.
También refirieron que, a nueve años de que entro en operación el modelo de las Sofipos, actualmente hay 44 en funcionamiento; número similar a las instituciones del sistema bancario, es decir 45, lo que calificaron de una evolución importante.
Sin embargo, les preocupa que el caso de fraude realizado por Ficrea sea un referente negativo, para que los legisladores y autoridades encargadas de supervisarlas “castiguen” a la figura de las Sofipos y haya retrocesos en lo ya aprobado en la reforma financiera.
La senadora Blanca Alcalá Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional, conminó a los representantes de las Sofipos a entablar un diálogo crítico, pues no resolvieron sus preocupaciones, por ejemplo cómo se llegó a la situación de Ficrea.
El senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional, señaló que hubo corresponsabilidad de la Federación Atlántico Pacífico por la inspección auxiliar realizada a Ficrea, donde hubo un conflicto de intereses entre supervisor y supervisado. Le preguntó a los representantes de la Federación, ¿dónde estaban mientras Ficrea le robaba el dinero a la gente?
Dijo que las prioridades del Grupo de Trabajo Bicameral serán prevenir que se repitan casos como el de Ficrea, mediante la legislación pertinente, y ver una posible solución para los ahorradores que fueron defraudados. Además, determinar qué elementos adicionales de supervisión, vigilancia, sanción e intervención se le pueden otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para atacar este tipo de problemas.
El senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, lamentó que federaciones o asociaciones de Sofipos no sean una base de transparencia: “Es sorpresivo saber que en una actividad donde los ahorradores depositan sus confianza exista un supervisor auxiliar que da un sentido perverso, porque no garantiza mayor eficacia en beneficio de los ahorradores”.
Ello pone en claro, subrayó, que hay huecos y deficiencias tanto en el marco legal como institucional, así como un andamiaje que no es el correcto para supervisar a estos intermediarios financieros, por lo que el Senado deberá avocarse a impulsar nuevos mecanismos legislativos confiables.
Dolores Padierna Luna, senadora por el Partido de la Revolución Democrática, coincidió en la necesidad de analizar el andamiaje legal de las Sofipos: “A la luz de lo ocurrido en Ficrea, prácticamente tenemos que hacer una revisión de todo; es una gran desilusión, fue una pésima noticia para los ahorradores la forma en que operó, pues prácticamente se puede decir que en el sistema financiero roban y los ahorradores ya no confían” en ninguna institución.
Se pronunció porque sea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la institución responsable de administrar los seguros de depósitos de las Sofipos, pues cuenta con gran experiencia y mayor solidez institucional que los actuales instrumentos.
Por su parte, el presidente del Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos, Carlos Noriega Curtis, apuntó que desde abril de 2014 detectaron comportamientos atípicos de Ficrea, lo que fue notificado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y esta es la responsable de atender las anomalías.
Advirtió, además, que existen desventajas para las clases pobres en materia de ahorro, pues el gobierno sólo ha dado aportaciones a dicho fondo de protección en 2013 y en 2014, derivado del caso Ficrea. Esta situación deriva en que las garantías en Sofipos sean de 25 mil Udis por ahorrador, mientras que en la banca privada alcanzan hasta las 400 mil Udis.
En la reunión participaron los diputados federales Humberto Alonso Morelli, David Pérez Tejada Padilla, Fernando Charleston y Fernando Belaunzarán; además Luis Oberhauser, director general en Financiera Súmate; Manuel Alonso Espinosa, presidente del Consejo de Financiera Súmate; Gerardo Pasquel, director de operaciones en Centro de Apoyo al Microempresario CAME; Manuel Ramírez, consejero de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo); Guillermo Colín, miembro del Consejo de la Amsofipo; y Miriam Chávez, directora general de Amsofipo.
Armando Sánchez Porras, presidente de la Amsofipo; Carlos Noriega, presidente del Comité de Protección al Ahorro; Carlos Obregón, consejero de Proyecto Transcity; René Fausto Morales, director general de la Federación Atlántico Pacífico; Diego Filiberto Duque Robledo, presidente del Consejo de Administración de la Federación Atlántico Pacífico; Claudia Revilla, directora general de la asociación civil Prodesarrollo; y Francisco Conejo, presidente del Consejo de Administración de la Financiera Coincidir.
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