Número-262
- Concluyeron las audiencias públicas para analizar Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
- Estos foros permitieron acotar temas a discusión, subrayan legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras.
Al inicio del encuentro de este día, el senador Pablo Escudero Morales informó que como resultado de las audiencias públicas ya se trabaja en un predictamen y “estamos tratando de encontrar la redacción adecuada para los fideicomisos que, exclusivamente, no cuenten con una estructura”.
Además, dijo, se analiza la posibilidad de establecer un modelo sancionatorio mixto y se ha conformado un grupo de especialistas, en conjunto con el Banco de México y los senadores Ernesto Cordero Arroyo, del Partido Acción Nacional; José Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional, y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, “que están haciendo algunas aproximaciones” relativas a las reservas en materia financiera, económica y monetaria.
En el capítulo energético, agregó el presidente de la Comisión de Anticorrupción, también se trabaja en una redacción que salvaguarde la preocupación de algunos grupos parlamentarios y reconozca que éste es un tema de ley federal.
En materia de derechos humanos “estamos llegando a algún consenso explorando la redacción de la actual ley federal” y de las propuestas la Red por la Rendición de Cuentas.
Sobre las condonaciones fiscales, “también estamos haciendo los últimos ajustes para aclarar que las exenciones en la parte que sea materialmente imposible cumplir, quedarían fuera”.
Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hizo énfasis que ante violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, “no es suficiente que en la ley general de transparencia y acceso a la información pública se replique el principio de máxima publicidad prevista en la Constitución”.
Señaló que el IFAI no aspira en forma alguna a arrogarse facultades que no le corresponden ni invadir atribuciones de otras autoridades especializadas, sino simplemente a no limitar su función como órgano garante de la transparencia y acceso a la información.
La labor del Instituto en este tipo de casos, aclaró, se circunscribe a determinar si se brinda o no el acceso a la información y nunca a establecer quiénes son los responsables y si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos.
Lo único que pretende el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dijo, es salvaguardar el derecho de acceso a la información para que en estos casos que agravian tanto a la sociedad siempre se encuentre la verdad de lo acontecido, que sean los hechos los que hablen y no solamente las autoridades.
Por ello, la ley general debe de contar con mecanismos prácticos y sencillos para que la sociedad pueda ejercer su derecho a la verdad, el cual sería francamente nugatorio si se condiciona el acceso de este tipo de información a que otra autoridad, previamente, determine si existieron violaciones graves a derechos humanos.
Sobre las causales de reserva relativas a estabilidad financiera, económica y monetaria, así como a las de seguridad pública, seguridad nacional y averiguaciones previas, consideró indispensable procurar que toda excepción que constituya un límite a la regla de máxima publicidad sea lo más clara posible, a fin de otorgar certeza a la sociedad y que se conozca en qué casos puede tener acceso a la libre información y en qué casos éste será limitado.
Respecto a la conveniencia de que se notifique al Consejero Jurídico de la Presidencia, cuando se estime que una resolución del organismo garante pueda poner en peligro la seguridad nacional, consideró que “no pueden otorgarse mecanismos indirectos de impugnación a los sujetos obligados” porque la legislación secundaria no puede ir más allá del texto constitucional ni imponer supuestos mayores a los que han quedado contemplados.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, se pronunció porque el proceso legislativo atienda la recomendación de preservar los avances en materia de acceso a la información.
Sería pertinente, agregó, que el nuevo ordenamiento preserve la facultad del IFAI para pronunciarse si se está o no ante una información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, “sin estar condicionada dicha atribución o pronunciamiento previo de alguna otra autoridad competente”.
Dijo que la tarea de emitir la legislación debe realizarse a partir de las obligaciones que todas las autoridades tienen de promover los derechos humanos, de conformidad con el principio de progresividad previsto en el artículo 1 de la Constitución, reformado en junio de 2011.
En este sentido, precisó, “no debería haber modificaciones legislativas que pudieran suponer un regresión frente a lo ya alcanzado a nivel nacional, por el contrario, se deberían identificar fórmulas para una mayor realización del derecho de acceso a la información”.
Adriana Labardini Inzunza hizo énfasis en la necesidad de agregar las causales de confidencialidad y reserva previstas por la Ley Federal de Competencia Económica, pues “de lo contrario, con un buen ánimo de acceso a la información, podemos hacer nugatorios los procedimientos para investigar prácticas anticompetitivas y monopólicas o concentraciones ilícitas”.
La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones expresó: “nada me preocuparía más que restar eficacia a la autoridad investigadora tanto de la Cofece como del Ifetel para llevar a buen puerto sus investigaciones”.
En tanto, el director general de Sonora Ciudadana, Guillermo Alejandro Noriega Esparza, defendió la propuesta original de que se pueda tener acceso a la versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos, como un mínimo indispensable para restablecer la base de confianza que se encuentra erosionada actualmente.
Para el abogado general de la UNAM, César Iván Astudillo Reyes, resulta indispensable que la nueva ley proteja la libertad de deliberación dentro de los órganos colegiados de instituciones de educación superior, ya que de hacerse pública la discusión que se produce al seno de las mismas se podría inhibir el ánimo de sus integrantes para expresar abiertamente sus opiniones.
Por el Comité de Transparencia del Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Héctor Larios Santillán, destaco la importancia de que los precepto planteados en el proyecto constituyan un conjunto armónico de derechos y que su pleno respeto y materialización puedan ser alcanzados tal y como lo establece la Ley del Infonavit.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que las audiencias públicas han permitido acotar los temas a discusión, donde destaca la facultad del IFAI para hacer requerimientos de información en materia de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Además, están en proceso de análisis los criterios de clasificación y reserva de la información, así como los aspectos vinculados a situaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad económica, financiera o monetaria del país.
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández reiteró que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional “estamos por tratar de rescatar el texto de la iniciativa original o mejorarla y en no modificar los temas de fondo”.
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