- Se reencausa el proceso de discusión y termina la incertidumbre: Alejandro Encinas.
- Necesario contar con un “paraguas” en la ley para evitar riesgos en el sistema financiero: Banxico.
En las audiencias públicas que se llevan a cabo en el Senado para analizar este proyecto, Rodrigo Espeleta Aladro, consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica, indicó que existe un documento donde el gobierno hizo 80 observaciones a temas específicos.
Sin embargo, precisó, dichas observaciones “han ido evolucionando” a partir de las reuniones que tuvieron con la sociedad civil, lo que ha permitido acotar temas y alcanzar mayores coincidencias, e incluso, presentar algunas propuestas que acerquen las redacciones.
“Haciendo algunas propuestas de redacción podríamos alcanzar un texto que no coarte derechos y que sea progresivo”, subrayó.
En cuanto a la transparencia en condonaciones y cancelaciones fiscales, dijo que en estos casos se debe dar a conocer el nombre, Registro Federal de Causantes y demás datos de los contribuyentes que accedieron a este tipo de figuras; no obstante, consideró que en el asunto de las de exenciones sería “materialmente imposible” dar información, debido a que es una norma general y no se podría hacer un listado de todos los sujetos beneficiarios.
En cambio, agregó, si se pueden dar a conocer los datos estadísticos de las exenciones “aunque no incluyan los nombres”.
Por otro lado, señaló que para dejar a salvo la nueva ley y evitar una eventual inconstitucionalidad, se debe retomar el texto del ordenamiento vigente, para que en ningún caso se puedan reservar investigaciones relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Defendió la facultad del Consejero Jurídico del Ejecutivo para interponer una controversia constitucional cuando los sujetos obligados consideren que una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) vulnera a la seguridad nacional. Indicó que sólo se trata de un mecanismo de notificación, pero no significa que el consejero tenga que hacer uso de su facultad.
Respecto a las sanciones a los servidores públicos que violen las leyes de transparencia, manifestó que la Consejería no comparte la interpretación de que las sanciones las imponga el IFAI, ya que éste no tiene esa facultad en la Constitución y solo puede expedir medidas de apremio.
Eduardo Bohórquez López, director general de Transparencia Mexicana, consideró que una vez que se conocen de manera pública las preocupaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en esta materia será más fácil encontrar coincidencias.
Destacó la importancia de vincular la legislación relativa a transparencia y acceso a la información con una ley general de archivos, pues la inexistencia de datos públicos se ha convertido en una causal frecuente para negar al ciudadano su derecho a saber.
A su vez, Luis Urrutia Corral, director general jurídico del Banco de México, dijo que es necesario que este organismo pueda contar con un “paraguas” en la ley para resguardar cierta información, a fin de proteger los objetivos del banco central y evitar riesgos en el sistema financiero, así como impedir anticipaciones o especulaciones por parte del mercado o inversionistas en beneficio propio.
Dejó en claro que este tipo de excepciones no deben de verse como un elemento aislado en la ley, que permita a los sujetos obligados la posibilidad de abusar de esa causal.
A nombre de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino Huerta, dijo que hay coincidencias de fondo en que no deben ser escuchadas las “objeciones burocráticas” que argumentan la imposibilidad técnica o incapacidad de las oficinas de la administración pública para cumplir con el principio de máxima publicidad.
En el caso de las violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad aseveró que es indispensable aclarar que la competencia en materia de transparencia no es transferible a otros órdenes del marco constitucional, pues son dos materias diversas.
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, afirmó que facultar a una institución garante de la transparencia para opinar sobre violaciones de derechos humanos “puede colocarla en una situación vulnerabilidad y debilidad institucional”, por lo que esta propuesta se debe meditar con responsabilidad.
Además, planteó la necesidad de definir con precisión las causales de reserva por seguridad nacional, estabilidad financiera, económica y monetaria, a fin de minimizar los factores que pudieran acotar el derecho de acceso a la información.
Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que la ley debe limitarse a establecer principios, bases y procedimientos relativos a la transparencia y acceso a la información; configurar las facultades del sistema nacional y regular temas específicos como el procedimiento de inconformidad y de atracción del IFAI, así como los recursos revisión en asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en materia de seguridad nacional.
Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, comentó que este órgano autónomo maneja información generada por terceros sobre los agentes privados, por lo que pidió encontrar una ley general que sea armoniosa y funcional en esta materia.
Para el senador del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas Rodríguez, con las audiencias de hoy se reencausa el proceso de discusión de esta ley y “se termina la incertidumbre que existía por todas las cuestiones de rumores, filtraciones, dudas respecto a una negociación en lo oscurito y sobre cuáles eran las propuestas de los distintos actores y protagonistas de este proceso”.
Nos ha quedado clara --agregó-- la posición del gobierno federal a través de la Consejería Jurídica y se van acotando los asuntos, pues de las 20 reservas que había por parte del Ejecutivo federal, hoy nos presentan nueve, quizá diez, pero con flexibilidad en muchos de los temas para poder llegar a acuerdos.
Por el Partido Acción Nacional, la senadora Marcela Torres Peimbert coincidió en que el principio que debe guiar al proyecto es rechazar las razones burocráticas que se antepongan al derecho de los ciudadanos, pues el antídoto contra la desconfianza, corrupción e impunidad es la transparencia.
Su compañero de grupo parlamentario, Javier Corral Jurado, hizo énfasis en que el acceso a la información es uno de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos frente al Estado.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Cristina Díaz Salazar, preguntó a los ponentes sobre cuáles serían los principales objetivos que esta ley debe perseguir y respecto de la forma en que tienen que estar distribuidas las competencias entre los organismos garantes de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, pidió opiniones sobre cómo se pude enriquecer el texto en cuanto a la información relativa a violaciones graves de derechos humanos.
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