BOLETÍN-1194 El Estado debe asumir su responsabilidad ante desempleo.
La debilidad y deficiencia de las estructuras institucionales y jurídicas son factor determinante para el desempleo juvenil, que actualmente representa a nivel mundial el 12.3 por ciento de personas de 16 y 24 años.
Por ello, el Estado debe asumir plenamente su responsabilidad para resolver este problema y evitar el riesgo de enviar a los jóvenes desempleados a las filas de la delincuencia organizada y la drogadicción.
Lo anterior se planteó al concluir sus trabajos la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, en el Senado de la República.
En su exposición sobre Primer Empleo Juvenil, el diputado Reginaldo Rivera de la Torre manifestó que si México continúa con la desatención a su juventud perderá gran parte de su riqueza y futuro, porque este sector será cada vez menor frente al resto de la población.
“Para los mexicanos --enfatizó-- no basta con que el presidente de la República pida perdón, como ayer lo hizo por los 40 mil muertos que se han registrado en su mandato, es indispensable ofrecer a los jóvenes empleo y educación, porque sólo así podemos combatir la delincuencia organizada en nuestro país”.
El legislador priista expresó que en nuestro país el desempleo juvenil evidencia las omisiones del gobierno para enfrentar la crisis económica, social y política, ya que en lo que lo que va de este año la tasa de desocupación se ubica en cinco por ciento, superior a la registrada el año pasado.
Rivera de la Torre expuso que de los 33 millones 774 mil 976 de jóvenes en México, 13.8 millones son económicamente activos de 14 años o más y de esa cantidad 9.1 millones tienen entre 15 y 24 años.
Sin embargo, los índices de desempleo se incrementaron de 2008 a la fecha, ya que en ese año el porcentaje en los hombres desocupados se incrementó de 4.08 por ciento al 4.84 por ciento y el de las mujeres pasó de 3.97 por ciento a 5.26 por ciento.
Además, “se está desperdiciando el bono demográfico” conformado por la población juvenil económicamente activa, pues “nunca antes tantos jóvenes se fueron en busca de una vida mejor”.
Siete de cada 10 migrantes, precisó, tienen entre 15 y 24 años.
En este sentido, afirmó que la Ley de Fomento al Primer Empleo, promovida por el senador Manlio Fabio Beltrones, busca reactivar la generación de puestos de trabajo y fomentar el crecimiento económico interno, en un momento de crisis económica y falta de oportunidades para la juventud.
En la reunión se leyó un análisis del diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD, donde se expone que el actual sector juvenil de México ha crecido y desarrollado “en el periodo de mayor deterioro del tejido social, generado por la violencia, delincuencia y exclusión de bienes y servicios.
“Les tocó crecer en la época de mayores dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo, principalmente en los niveles medios superior y superior, agregó el diputado.
Precisó que mientras el 91.5 por ciento de las personas de 12 a 14 años asiste a la secundaria, sólo 40.4 por ciento de la población de 15 a 24 años va a la escuela media superior o superior.
Además, únicamente 13 por ciento de las localidades del país dispone de una escuela preparatoria, en tanto que el 56.1 cuentan con secundarias, dijo.
Por Venezuela, el diputado Nicolás Sosa señaló que la democracia tendrá sentido en la medida que proporcione alimento, oportunidades y respuesta a toda la población, pero los modelos de desarrollo basados en patrones de consumo “se convierten, en sí mismos en procesos de exclusión natural”.
Por ello, dijo, la respuesta a esta problemática tiene que ser integral y al mismo tiempo que establecen políticas para el primer empleo es necesario construir nuevos patrones de comportamiento de la juventud y su relación con el trabajo, “pues éste no es una dádiva, ni un factor de competitividad, sino un derechos humano”.
El vicepresidente de la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, Alfredo Asti, señaló que en los países latinoamericanos es permanente la asociación la inseguridad y la participación de los jóvenes en los delitos.
El legislador de Uruguay enfatizó que cualquier medida para atender los problemas de los jóvenes debe contemplar tanto el acceso a la educación y al trabajo, a fin de establecer las condiciones para su incorporación en todos los ámbitos sociales.
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