BOLETÍN-1183 Solicita la Permanente reporte sobre deportaciones masivas.
La Comisión Permanente pidió al Ejecutivo federal un reporte sobre las acciones que lleva a cabo ante el gobierno de Estados Unidos para detener las deportaciones masivas de nuestros connacionales que residen en aquella nación.
Al mismo tiempo, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores defender los derechos humanos de los mexicanos, independientemente de su situación legal y migratoria, afectados por las políticas antiinmigrantes de algunos estados de esa nación.
El dictamen subraya que “entre ese país y México existe un acuerdo vergonzante de Repatriación Voluntaria, que sirve como disfraz para una deportación masiva” y desde 2009 a la fecha se ha mantenido un promedio de 500 mil mexicanos repatriados.
Además, advierte que 31 estados norteamericanos promueven legislaciones similares a la SB-1070 de Arizona, por lo que la situación se torna aún más crítica, ya que en esos lugares se encuentra una un gran porcentaje de inmigrantes indocumentados de origen nacional.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2009-2010 la Unión Americana estableció un récord de deportaciones con 329 mil 863 personas expulsadas, de las cuales el 71 por ciento eran mexicanos, muchos de ellos con antecedentes penales.
En otro dictamen, la Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal, una respuesta clara y concisa sobre el informe “Derechos Humanos de los Migrantes en su paso por México”, que retrata abusos de autoridades mexicanas federales con ciudadanos salvadoreños.
En el mismo tenor, el INM deberá entregar los reportes detallados de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios y empleados de sus filas en contra de cualquier ciudadano extranjero vejado por la fuerza, asaltado, negado asistencia médica o cualquier abuso que vulnere la dignidad del migrante, independientemente de su calidad migratoria.
En el texto del dictamen se detalla que los flujos fronterizos que atraviesan la frontera sur, se mantienen con gran tensión debido a las escasas o nulas garantías de respeto a los derechos humanos de ciudadanos extranjeros que buscan arribar a Estados Unidos.
Por ello, el gobierno de El Salvador realizó dicho informe, subraya el dictamen.
En otro orden de ideas, la Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo federal, para que a través de la SAGARPA y la SSA, se fortalezca la vigilancia fitozoosanitaria y epidemiológica en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y puntos de internación terrestre, con el fin de evitar el ingreso de la bacteria Escherichia Coli 0104:H4 Hemorrágica (EHEC) al país.
Dicha bacteria apareció principalmente en Alemania, donde actualmente ya ha sido controlada y se cree que la contaminación de los alimentos es el origen más probable de la enfermedad, según indica el documento.
En un dictamen más, senadores y diputados solicitaron a los titulares de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso de María y Campos Castelló, un informe puntual sobre el proyecto de remodelación del Palacio de Bellas Artes.
Los funcionarios deberán incluir los dictámenes y opiniones técnicas del INBA para justificar la remodelación de la Sala Principal y de su mecánica teatral, así como el proceso íntegro de licitación o adjudicación de todas las fases del proyecto.
En tanto, la PGR deberá informar de la existencia de denuncias iniciadas de oficio o a petición de parte, por presuntos daños causados al patrimonio nacional en la remodelación, con base en el dictamen del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, remitido a la UNESCO.
Además, la Comisión Permanente hizo un llamado al Ejecutivo federal para que no se firme el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA).
En el contenido del dictamen, se precisa que el ACTA propone establecer normas para la protección de derechos de propiedad intelectual con el objeto de combatir la piratería y falsificación, mediante la cooperación internacional.
Además, subrayan que los legisladores tuvieron conocimiento –a través de las redes sociales, comentarios de académicos y ciudadanos interesados-, que en el país se negociaba, desde octubre de 2007 con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos y Unión Europea el Tratado.
“En cuanto se conoció esta situación y las negociaciones secretas que se llevan a cabo, usuarios de Internet comenzaron a rechazar su firma y cuestionar la falta de transparencia, la regulación de comunicaciones en la red, todo lo cual configura una limitación y peligro para la libertad de expresión y para el acceso a la información”, expresa el documento.
Adicionalmente, el Pleno de la Permanente aprobó en votación económica 16 dictámenes más provenientes de la Segunda Comisión.
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