Número-055
- En el foro “Hacia una Constitución para la Ciudad de México”, asegura senador Miguel Barbosa que la reforma política del Distrito Federal “ya maduró”.
- Destacan participantes voluntad política para aprobar esta reforma.
La reforma, agregó, es un asunto que ya maduró, el momento político para aprobarla ya llegó; forma parte de los acuerdos de las reformas constitucionales desde 2013. La oportunidad de aprobarla ha sido consumida por la coyuntura política, pero ahora hay voluntad del gobierno federal, del PAN, PRI, PRD y de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo para generarla, reconoció.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática destacó que una ley es un acuerdo político entre las fuerzas y más allá de las definiciones técnicas, se tiene que pensar que los constituyentes que crearán una Constitución que garantice derechos, mejore la calidad de vida de la ciudad y que establezca un régimen de separación de derechos auténtico.
En el Distrito Federal --subrayó-- los poderes deben ser autónomos e independientes, para con ello, garantizar desde la Constitución que los legisladores electos sean así. Además, indicó que se deben establecer las características para una o dos asambleas, pero no calcularlo después, dentro de meses o años. Es necesario generar condiciones para que haya un poder constituyente en el DF y tengamos todo el andamiaje legal para que esta ciudad tenga una nueva etapa en este esquema de funcionamiento de esta capital, finalizó.
El senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal dijo que existe una evidente crisis del modelo de representación política, lo cual hace necesaria la creación de una constitución para la Ciudad de México, misma que marcaría un momento refundacional.
Añadió que este proceso legislativo es preciso para reflexión sobre el agotamiento del modelo municipal, que deriva en inseguridad, falta de recursos económicos y violación de derechos humanos, por lo que el Poder Legislativo debe encontrar la manera de construir un nuevo paradigma para estas entidades administrativas.
La senadora Mariana Gómez del Campo, secretaria de la Comisión del Distrito Federal, comentó que aunque en el Senado de la República no existe un acuerdo en cuanto a la realización de una reforma política para la Ciudad de México, lo que sí hay en voluntad política de todos los partidos que ahí convergen.
Asimismo, señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está a favor de conformar un constituyente específico, y que cada uno de ellos pueda proponer el proyecto de constitución que crea conveniente, y ampliar así la visión de la propuesta hecha por el gobierno del Distrito Federal.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Aleida Alavez Ruíz, concretó que la constitución política que surja de este proceso legislativo, será la primera constitución de derechos del siglo XXI, por lo que también deberá ser ejemplar en cuanto a su espíritu social, con tres ejes rectores: derechos, exigibilidad y concreción.
Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, sostuvo que modificar el estatus constitucional de la Ciudad de México es un hecho que trasciende más allá de la expedición de un ordenamiento constitucional para la capital del país. Para la Federación implicará reconocer que todas las entidades que forman parte del pacto federal tienen los mismos derechos políticos, y para el gobierno del Distrito Federal debe representar un incentivo para perfeccionar las instituciones y los servicios que prestan, fortalecer la representación política y consolidar los instrumentos de retroalimentación con la ciudadanía, dijo.
Añadió que definir las reglas del juego democrático en una comunidad política requiere el más amplio consenso político posible, no se trata de tomar decisiones con una simple mayoría. Dijo que el INE acompañará las reflexiones que se realicen para la plena reconstitucionalización de la Ciudad de México.
Por su parte Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó la oportunidad de aprobar un documento sólido en su contenido, garantista en su sentido y coherente en su estructura; una Constitución accesible a las personas y útil como instrumento legal para organizar la convivencia social de manera pacífica.
Aseveró que el ejercicio constituyente en el Distrito Federal puede ser modelo para el país en su conjunto y puede sentar las bases para una reflexión pendiente de cara al centenario de la Constitución en 2017. La Constitución debe contemplar una organización del poder funcional a la garantía y protección de esos derechos; debe permitir la gestión política eficaz, la protección efectiva de los derechos y la rendición de cuentas de los gobernantes.
Finalmente, Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la reforma política del Distrito Federal, apuntó que se ha trabajado de forma constante en esta reforma y particularizó que no hay ningún proceso constitucional en el país en el que no se haya tocado el tema de la naturaleza jurídica de la ciudad de México.
Desde su punto de vista, se debe resaltar la voluntad de los representantes populares, expertos y actores políticos para dar autonomía a la ciudad y democratizar la vida de sus habitantes. En este sentido, es necesario revisar los consensos, entre otras cosas: cómo descentralizar las demarcaciones que tomaran el lugar de las delegaciones y con imaginación política e inspirada en el 124 constitucional se podrían conformar autoridades localidades eficaces y democráticas.
Los trabajos del Foro continúan este día en la antigua sede del Senado de la República, con la participación expertos en derecho y constitucionalistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional Electoral (INE) quienes debatirán en mesas temáticas asuntos como “Constitucionalizar en el Siglo XXI”, “Los derechos humanos en una Constitución de Vanguardia” y “¿Cómo organizar los poderes para garantizar la inclusión, la libertad y la democracia”.
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