El diputado César Augusto Santiago Ramírez planteó reformar la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Penal Federal, a fin de que el Presupuesto de Egresos de la Federación pueda sufrir cambios durante su vigencia.

Para ello, el legislador priista propuso facultar al Ejecutivo federal y a las demás entidades autorizadas constitucionalmente para que puedan presentar iniciativas de reforma al PEF.

Sin embargo, explicó que las reformas al Presupuesto solamente se podrán realizar si están debidamente justificadas con ingresos suficientes para cubrir los gastos a los cambios propuestos.

Además, indicó que con esta iniciativa se busca facultar, al Poder Judicial y a las entidades legitimadas para ello, para proponer al Ejecutivo federal proyectos de iniciativa de reforma al PEF.

Lo anterior, dijo, a efecto de que los ejecutores del gasto que no dependen del Ejecutivo, estén en posibilidad de hacer patentes sus necesidades en las modificaciones al PEF y “no queden como meros entes sin voz en materia presupuestaria”.

Aunado a ello, pretende que sólo la Cámara de Diputados pueda autorizar a los ejecutores de gasto, adecuaciones presupuestarias y erogaciones adicionales a las aprobadas, con excepción de las que se tengan que realizar con motivo de emergencias por baja recaudación fiscal.

Explicó que cada año se discute la cuenta pública en escenarios discretos de la Cámara de Diputados, “se dicen ahí cuestiones delicadas que tienen que ver con el fracaso abierto de políticas públicas que no producen los resultados a pesar de las cuantiosas inversiones anuales”.

O bien, agregó, simplemente se da cuenta de maniobras, de mañas, de perversidades de quienes tienen en sus manos el ejercicio de poder hacendario, para tergiversar los acuerdos, disimular los contenidos o abusar de su autoridad.

Consideró que las casi mil auditorias que realiza la Auditoria Superior de la Federación es un dinero mal aprovechado, porque aún cuando hay evidencias de que las cosas podrían mejorarse con la simple observación, “no hay forma alguna de que la autoridad hacendaria voltee a ver siquiera los resultados de las evaluaciones a la cuenta pública”.

En este sentido, el diputado también planteó reformar el Código Federal Penal, a efecto de adicionar un tipo penal equiparado a peculado y así castigar con la sanción máxima posible de nuestro sistema de justicia y con inhabilitación al servidor público que desvíe recursos públicos.

De igual forma, el funcionario que resulte culpable de este delito tendrá que reparar el daño ocasionado, no solo el desvío de los recursos públicos definidos por el PEF a un fin distinto al establecido en el mismo, sino las conductas de quienes acuerden o autoricen dicho desvío.

La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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