Número-1015
- Senador Benjamín Robles solicita que gobierno de Sonora informe los avances en la investigación sobre el incendio de la guardería ABC.
- La senadora María del Pilar Ortega requirió al INE que partidos políticos incrementen recursos para capacitación de mujeres.
Durante su tercera reunión de trabajo, se avaló el punto de acuerdo de Díaz Salazar en el sentido de que la Comisión Permanente exhorte al la Secretaría de Gobernación para que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, se tomen medidas y establezcan los protocolos de seguridad a fin de garantizar la plena separación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciaros de su jurisdicción, observando los criterios establecidos en el artículo 18 de la Constitución.
Es decir, se debe contar con espacios exclusivos para personas en extinción de penas privativas de la libertad; otros para personas sujetas a prisión preventiva; uno más para mujeres atendiendo a los mismos criterios descritos anteriormente, y áreas para personas privadas de su libertad por delitos de delincuencia organizada y/o que requieran medidas especiales de seguridad.
Asimismo, la Comisión Permanente deberá solicitar el mismo procedimiento a los gobiernos de los estados.
Robles Montoya presentó un punto de acuerdo que solicita que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República y al gobierno del estado de Sonora para que, en el ámbito de sus competencias, informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los avances en la investigación sobre el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
En otro punto de acuerdo, pide que la Comisión Permanente requiera al director general de la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de amparo directo 282/2012, en el sentido de la consulta a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, relativa a la modificación del decreto de veda de 1967.
A su vez, Ortega Martínez solicitó a la Comisión Permanente que el Instituto Nacional Electoral, en su calidad de órgano público autónomo responsable de la organización de las elecciones, exhorte, de ser procedente, a los partidos políticos a incrementar el monto de los recursos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con respecto al financiamiento público asignado.
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