• Mario Delgado presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para elevar de 25 mil a 300 mil Udis el monto del seguro de depósito en las sociedades de ahorro.
• El senador Benjamín Robles Montoya advierte que de no corregirse el desfalco a los ahorradores, se generará desconfianza hacia el sector financiero.

El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con la intención de evitar otro caso similar al fraude cometido por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea.

Propone reformar el artículo 101 para que el monto del seguro se eleve a 300 mil Udis, ya que actualmente sólo cubre 25 mil Udis. El legislador explicó que los bancos pagan 4 al millar para proteger hasta 400 mil Udis, mientras que las sociedades de ahorro y crédito popular pagan a una razón 16 veces menor, cuando la diferencia en la aportación al seguro solo de reduce a un cuarto.
Añadió que contribuiría a revertir la situación discriminatoria e inequitativa que propicia el sistema financiero contra las Sofipos porque, como determinó la Comisión Federal de Competencia Económica en su último diagnóstico del sistema financiero mexicano, el seguro de protección para los clientes de las sociedades no debería ser inferior al de los bancos.
Según su propuesta, se añadirían al artículo 105 algunos imprevistos como mecanismo de activación del seguro, para cubrir los depósitos de dinero cuando sean afectados por causas como conducta dolosa de los consejeros, comisario e integrantes del comité de auditoría, director o gerente general, y principales directivos de la Sociedad.
El legislador señaló que el fraude realizado con los ahorros de los clientes de Ficrea fue producto de dos problemas relacionados con el diseño institucional: primero por la ineficaz intervención de las autoridades reguladoras, y en segundo término por la información asimétrica entre los agentes.
Mario Delgado dijo que el caso de Ficrea supone que las Sofipos no han alcanzado el objetivo de fomentar el desarrollo del sector financiero, dado que el fortalecimiento de las facultades de las autoridades no fue de la mano con la fortaleza corporativa y de mejores prácticas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Por otra parte, el senador Benjamín Robles Montoya, también del Partido de la Revolución Democrática, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en la que pide que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, informe a esta soberanía cual es la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares (Sofipo) para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
En su exposición de motivos, el legislador consideró que la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenta una serie de deficiencias y vacíos que permiten o no prevén la comisión de ilícitos, por lo que es necesario, conocer de cerca que está pasando con las inversiones que realizan las Sofipo.
Destacó que en la página oficial www.cnbv.gob.mx/sectores-supervisados/sector-popular se reporta que en la actualidad están autorizadas 40 Sociedades Financieras Populares y una Sociedad Financiera Comunitaria, que están bajo supervisión y control de la CNBV.
Subrayó que en caso de que no haya solución al asunto particular de Ficrea, de desfalco a los ahorradores, se generará desconfianza hacia el sector financiero, debido a que no existe plena transparencia pues no se conocen detalles de montos, fechas, beneficiarios directos e indirectos en las operaciones fraudulentas citadas en este caso por la CNBV.
Insistió que a la Ley de Ahorro y Crédito Popular le hacen falta regulaciones que permitan prevenir fraudes financieros. Precisó que el artículo 34 de esta Ley señala la obligación de las Sofipo de proporcionar a la CNBV la información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.
Reiteró que es necesario conocer la capacidad de pago de dichas sociedades financieras, es decir, conocer con exactitud cómo cumplen y cumplirán sus obligaciones de vencimiento a corto plazo; con la finalidad de evitar que se repitan casos como los ocurridos, y saber si gozan o no de solvencia financiera al corto plazo.
La proposición del senador Robles Montoya fue turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.

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