- La propuesta del Ejecutivo Federal es una buena opción para mejorar la seguridad en el país, señalan servidores públicos.
- Especialistas se pronuncian por una tecnología de supervisión externa de la policía y dar al país la oportunidad de un control democrático nuevo inspirado en las mejores prácticas.
Sobre este asunto, Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la integración de 32 policías estatales bajo un Mando Único Policial Estatal permitirá llevar las tareas de seguridad e incluso a aquellos municipios que hoy carecen de una corporación propia, y permitirá enfrentar al crimen organizado con elementos mejor entrenados, capacitados y equipados.
Aseveró que la implementación del Mando Único Policial es un tema de seguridad pública y su principal análisis debe abordarse desde esta perspectiva, pues sostuvo que la penetración de la delincuencia, en las fuerzas policiales municipales, cada día es mayor.
De esta forma, dijo, se convirtieron en una red de información y operación al servicio del crimen organizado que lejos de contribuir a la solución al problema de inseguridad, pasaron en muchos casos a ser parte del mismo.
La desaparición de la policía municipal, dijo, no es un acto contra la integridad del ayuntamiento y menos una maniobra para debilitar este nivel de gobierno.
Enfatizó que la implementación del Mando Único Policial implica diversos retos como la homologación legislativa de las entidades federativas y en los municipios; que los congresos locales adecúen sus constituciones y legislación secundaria; que los cabildos revisen y actualicen sus reglamentos, circulares y normas internas, el reordenamiento del fondo y los subsidios federales destinados a la seguridad pública.
Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial, precisó que la reforma policial del Ejecutivo no sólo plantea una reorganización de las policías en función geográfica o en función de la manera en que se articulan sus mandos, sino que se está proponiendo una reforma de fondo.
Sostuvo que la reforma dignifica a las policías, fortalece a los municipios y permite construir instituciones de seguridad pública con una visión de mediano y largo plazo y, además, establece una remuneración mínima nacional.
La reforma, señaló, hace a los policías mejores ciudadanos con derecho a acceder a mayores oportunidades, mejores condiciones de seguridad social y de acceder a mejores niveles de estudios.
El funcionario federal comentó sobre la generación de un programa de depuración y fortalecimiento de las fuerzas policiales lo que va a motivar una estrategia de indemnización del personal que no pueda migrar a un nuevo modelo de mando policial estatal.
Asimismo, resaltó la importancia de generar sistemas que permitan realizar un control interno y externo de las policías, así como fortalecer las políticas de transparencia y rendición de cuentas, de evaluación de eficacia y desempeño de las instituciones policiales.
Al respecto, la representante de Amnistía Internacional, Mónica Oehler Toca, consideró que los temas fundamentales para una posible creación del mando único policial es la realización de un diagnóstico integral para conocer la situación de los cuerpos de seguridad en los municipios, capacitarlos en materia de derechos humanos, mejorar las condiciones laborales, eliminar la corrupción y armonizar sus protocolos con estándares internacionales.
Dijo que si bien es necesario llevar a cabo procesos legislativos transparentes para solucionar los problemas sociales relevantes, en México las causas estructurales que agravan o agudizan el problema requieren salidas integrales, de lo contrario “será casi imposible creer que la situación va a mejorar, necesitamos soluciones más estructurales en todo el sistema de impartición de justicia”.
Recordó que México atraviesa por una crisis de derechos humanos toda vez que continúan reportes de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias situaciones en donde la impunidad parece ser la regla a las violaciones a los derechos humanos. Casos como Tlatlaya y Ayotzinapa no son temas aislados, de ahí la importancia de capacitar a los cuerpos policiacos, dijo.
Desde el punto de vista del representante del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, el Senado tiene que abrir los ojos a la más moderna tecnología de supervisión externa de la policía y con ello, dar al país la oportunidad de un control democrático nuevo, inspirado en las mejores prácticas.
Propuso que, sea cual sea la organización del mando policial, se debe introducir desde la Constitución la obligación de generar esquemas de supervisión externa de la policía. Esto, dijo, se aplica en el municipio de Querétaro, donde se tiene un auditor externo que evalúa trabajos de la policía, hace recomendaciones y la policía los aplica.
De esta manera, agregó, se crea un esquema de contrapeso porque investiga los patrones de conducta y no las responsabilidades personales, por lo que se convierte en un control de calidad institucional.
Resaltó que la academia, las cámaras de Senadores y Diputados, y la policía no están vinculados al Foro Internacional de la Supervisión Externa de la policía, con lo que se transmite una señal de resistencia política donde el modelo policial tiende a la opacidad y reduce a espacios fuera del alcance del ciudadano común la toma de decisiones de la policía y de los responsables políticos de esta.
López Portillo también advirtió que México tiene una deuda histórica con sus policías, la cual, debe derivar en reformas que se ocupen de un balance entre las atribuciones, los poderes y los sistemas de control de la policía. Esta reforma crea una oportunidad para que el régimen político mexicano se pregunte si es capaz de controlarse a sí mismo, añadió.
En la sesión de preguntas, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, preguntó en cómo afecta la corrupción y la impunidad a los derechos humanos en este nuevo modelo de seguridad y cuál sería el mejor modelo para una evaluación del mismo.
La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, preguntó qué hacer con los policías que no aprueben los controles de confianza en el nuevo modelo de mando único; el senador del Partido Acción Nacional, Javier Corral aseguró que la iniciativa del Ejecutivo tiene respuesta a lo sucedido en Ayotzinapa, pero no a lo acontecido en Tlataya; por ello preguntó si es posible que la infiltración del narcotráfico también se dé a nivel estatal o federal y sí se llega realmente al fondo del problema de inseguridad con estas iniciativas.
En tanto, el senador del PRD, Alejandro Encinas, cuestionó si el modelo de mando único genera condiciones para superar la violación de derechos humanos; también su correligionario, Zoé Robledo Aburto, planteó la pregunta sobre cuáles serían los cinco elementos mínimos para cumplir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.
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