Número-970

• Lejos de ser iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, se dirigen a la compra y coacción del voto, afirma el senador del PT.
• Mecanismos de rendición de cuentas, fundamentales para obligar a quienes ejercen el erario a evaluar su desempeño y a dar a conocer sus resultados.

El senador David Monreal Ávila advirtió que los programas sociales se utilizan con fines electorales y que lejos de ser iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población se dirigen a la compra y coacción del voto.
Dijo que en México la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son temas que ocupan cada vez mayor atención, sobre todo en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales, pues son mecanismos con los que los ciudadanos obligan a quienes ejercen el erario a responsabilizarse de su labor, a evaluar su desempeño y a dar a conocer sus resultados.
Sin embargo, agregó el legislador del Partido del Trabajo, pese a los avances que se registran en estas materias, los programas “son etiquetados para darle pedazos a los más pobres”, es decir, se desvía el gasto público “para bolsillos particulares, enriquecimientos de grupos y la compra y coacción del voto”.
Refirió que de acuerdo a la organización Gestión Social y Cooperación, en 2014, de los 182 programas sociales del gobierno federal, 141 (78 por ciento) presentaron grandes problemas de opacidad o sin condiciones para resolver los problemas que enfrenta la población, debido a sus altos niveles de dispersión y bajo desempeño.
¿Por qué el incremento de recursos no ha logrado reducir los problemas sociales en el país? La corrupción, la falta de transparencia en el gasto, así como la mala planeación y diseño de los programas, consideró, tiene mucho que ver con la respuesta.
Monreal Ávila propuso modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales.
La iniciativa tiene el objetivo de que todas las dependencias se vean obligadas a aclarar el funcionamiento de sus programas, así como rendir cuentas del uso de los recursos asignados, los resultados obtenidos y el desempeño institucional.
Se trata, dijo, de que las entidades federativas envíen al Ejecutivo informes que incluyan la identificación de la población objetivo, por grupo o género, de manera concisa, transparente, imparcial y objetiva.
Además, datos sobre la cuantificación de la cantidad a recibir por parte del beneficiario, el porcentaje del costo del proyecto o acción a subsidiar, los lineamientos y requisitos para el acceso a los beneficios, el periodo por el cual se accederá a los apoyos, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a su suspensión.

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