Número-956
- Existen acusaciones de que se utilizan con fines electorales, señala el legislador.
- Necesario, asegurar transparencia, eficacia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales, dijo.
La iniciativa tiene el objetivo de que todas las dependencias se vean obligadas a aclarar el funcionamiento de sus programas, así como rendir cuentas del uso de los recursos asignados, los resultados obtenidos y el desempeño institucional.
Lo anterior, debido a que existen presuntas acusaciones contra el Gobierno federal por usar programas con fines electorales.
Al respecto, el legislador refirió que la entrega de televisores para llevar a cabo el “apagón analógico”, contemplado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, existen diversas irregularidades como la falta de información respecto a quiénes son los proveedores y cómo se formó el padrón de beneficiarios.
Mencionó que en las cajas de las pantallas aparece la leyenda “Mover a México”, además de que son los operadores electorales del partido en el gobierno quienes participan en la entrega de los aparatos, cuando deberían ser servidores públicos.
Ante esto, cabe cuestionar si la transparencia y la rendición de cuentas son una realidad o simplemente un precepto constitucional que no se respeta ni se lleva a la práctica, manifestó.
Monreal Ávila indicó que la organización Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de corrupción 2014, enfoque para México, donde se ubica a nuestro país en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener una puntuación de 35 sobre 100, en una escala que va de cero.
Expresó que los programas sociales lejos de ser iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, hoy son etiquetados para darle “pedazos” a los más pobres, es decir, el gasto público y el dinero del erario es utilizado para el desvío de recursos para la compra y coacción del voto.
Por ello es que debemos establecer un verdadero blindaje de los programas sociales, a fin de que puedan cumplir con sus objetivos de origen para combatir la pobreza y la incorporación al desarrollo social de los que menos tienen, finalizó.
Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado.
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