La resolución se dio tras recibir 21 votos aprobatorios de los congresos locales y uno en contra a las enmiendas constitucionales que facultan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar hechos que constituyan violaciones graves a las garantías individuales.
La reforma establece que todo servidor público estará obligado a responder las recomendaciones que se les presenten, y cuando las misas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
De igual forma, queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales de los ciudadanos.
En este sentido, las legislaturas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, comunicaron a la Permanente su aprobación al proyecto.
La Mesa Directiva informó que también se recibió el voto en contra por parte del Congreso de Guanajuato.
Al respecto, el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Comisión Permanente, dijo que la declaratoria es de importancia trascendental ya que los cambios a la Carta Magna representan un avance decisivo en la plena armonización del marco normativo interno con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Es --enfatizó-- el paso más importante que México ha dado en muchas décadas para que todas las personas cuenten en nuestro país con la protección a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Con ello, agregó, se asume el compromiso de las entidades federativas de garantizar la autonomía y el fortalecimiento de la defensa de esos derechos.
Al respecto, el diputado Alfonso Navarrete Prida, del PRI, aseguró que “hoy se culmina un paso importante en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos en el país”.
Externó que es quizá el anhelo más viejo que tiene la sociedad mexicana “desde aquella Procuraduría de Pobres del siglo antepasado en San Luis Potosí, pasando por los Sentimientos de la Nación de Morelos hasta nuestros días en que se culmina esta importante y trascendente reforma”.
Por su parte, la senadora panista Beatriz Zavala Peniche refirió que esta reforma es la más importante desde la Constitución de 1917 ya que pone a los derechos humanos en el centro de la política del Estado mexicano y privilegia el respeto a la dignidad de las personas.
En este sentido, destacó la incorporación de las preferencias sexuales en la Constitución para que no haya discriminación; “lograr esta importante reforma fue un proceso que llevó a muchos consensos y a una pluralidad expresada en el Congreso”.
Al respecto, el senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez manifestó que estas enmiendas constitucionales son la síntesis de muchas décadas de “lucha por incorporar en el orden jurídico básico de la República, principios esenciales de derechos humanos”.
Es, dijo, la expresión de luchas largas y difíciles que llevaron a muchos incluso a perder la vida y la libertad, además de que es una reforma que procede de las organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto mexicanas como las que actúan en el ámbito internacional y de numerosos legisladores mexicanos.
Más adelante, el senador Javier Orozco Gómez, del PVEM, resaltó “el trabajo arduo que se realizó en ambas cámaras del Congreso para llevar a cabo esta reforma de gran envergadura para la materia de los derechos humanos”.
Dijo que la reforma permitirá fortalecer la vida institucional del país y consolidar la democracia.
En tanto, el senador petista Ricardo Monreal Ávila expresó que la modificación constitucional es quizá la más profunda de los últimos 20 años y “era indispensable, necesaria, sobre todo en este momento de profunda crisis de inseguridad, de un aumento enorme, sin igual sin parangón, de la violencia en nuestro país”.
Afirmó que existe un incremento de violaciones a los derechos humanos y se han presentado múltiples facetas de figuras jurídicas cercanas al genocidio que puede ser acusado el gobierno mexicano por este delito internacional.
“Por esa razón es doblemente importante que hoy se esté haciendo el cómputo de las legislaturas que han aprobado las modificaciones”, subrayó.
El diputado perredista Juan Carlos López Fernández mencionó que el respeto cabal a los derechos humanos es la mejor guía para enaltecer la dignidad humana, así como para combatir y abatir el flagelo de la discriminación.
En su oportunidad, el diputado priista Arturo Zamora Jiménez consideró que al entrar en vigor las modificaciones, se establecerá con claridad y precisión cómo se va a reglamentar el procedimiento para la suspensión de garantías.
“Esto como consecuencia nos llevará a generar condiciones para modificaciones en normas generales de carácter secundario”, precisó.
Por su parte, el senador perredista Tomás Torres Mercado dijo que es trascendente el reconocimiento de los derechos humanos y “no sólo los que la Constitución recoge, sino también los de los tratados o instrumentos internacionales que ha signado México”.
Por último, el senador priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez explicó que con estas adiciones a la Carta Magna, en ningún caso se podrán suspender las garantías, “aún en las condiciones de dificultad de un estado o un espacio del territorio mexicano, garantizando así que los mexicanos puedan estar perfectamente resguardados en este catálogo de garantías”.
La reforma que modifica el Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos fue canalizada al Diario Oficial de la Federación para sus efectos constitucionales.
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