Número-936

• Las denuncias están relacionadas con el turismo electoral.
• Senadores de la República expresan su posición a favor del dictamen.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, informe, agilice y finque responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En un segundo resolutivo, se exhortó al Instituto a informar los resultados obtenidos, de haber concluido las investigaciones de la PGR derivadas de las denuncias penales hechas por ese órgano colegiado con el expediente SCG/QDGAR/CG/27/2013.
A favor, el senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, --quien presentó el punto de acuerdo que originó el dictamen-- destacó que los institutos electorales locales deben hacer respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, y denunciar e investigar los posibles actos que vulneren la participación democrática de los ciudadanos.
Sin embargo, recalcó, en los últimos años se incrementaron las conductas tipificadas, las cuales, a pesar de ser denunciadas, no muestran resultados efectivos o un ataque frontal en contra de quienes las realizan para obtener resultados ventajosos en las elecciones.
Ávila Ruiz informó que el dictamen se refiere a diversas denuncias presentadas por él mismo y otros senadores de su partido, por el turismo electoral que se suscitó en 2013 en los estados de la península de Yucatán, debido a que en se realizaron cambios de domicilio de electores de manera típica de los estados de Yucatán y Campeche hacia el estado de Quintana Roo, previo al proceso electoral en dicho estado.
Este asunto, dijo, es importante por los tiempos electorales próximos, y que obligan a contar con instituciones fuertes y con credibilidad en su actuación, que demuestren el ataque frontal contra este tipo de actividades de turismo electoral y reflejen con su actuar la transparencia y cumplimiento de la ley.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el senador Arturo Zamora Jiménez, subrayó que recientemente se aprobó una reforma que da a la sociedad mexicana, partidos políticos, electores y elegibles, un nuevo andamiaje jurídico penal, en donde el tema relativo al cambio de domicilio para generar lo que se conoce como turismo electoral, fue modificado con la finalidad de evitar vacíos de la norma que promovieran la impunidad.
La legislación --añadió-- establece por primera ocasión delitos electorales cometidos por precandidatos o incluso, actos anticipados de campaña de precandidatos.
Además, indicó que la norma ya está en vigor, se aplica y pese a la ausencia del titular de la Fiscal Espacial para Delitos Electorales (Fepade) esto no significa que la institución esté acéfala.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, expresó su posición a favor del dictamen; sin embargo, destacó que uno de los grandes pendientes del Senado de la República es la elección del titular de la Fiscalía, para poder tener una institución vigilante del proceso electoral y que no siga operando de manera acéfala.

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