Número-894

• Las violaciones a los derechos humanos de este sector se han incrementado en cantidad y gravedad.
• Se busca intensificar esfuerzos que garanticen la vigencia de los derechos humanos.

Ante la situación de vulnerabilidad que padecen los migrantes, el Pleno del Senado solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fortalezca las acciones de capacitación de los servidores públicos de todas las dependencias encargadas de la atención del fenómeno migratorio.
El dictamen con punto de acuerdo también solicita al Ejecutivo federal un informe sobre las acciones para atender las recomendaciones del informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, elaborado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
El documento, avalado durante la sesión del domingo 14 de diciembre, está encaminado a intensificar esfuerzos que garanticen la vigencia de los derechos humanos en el ejercicio de las responsabilidades de las autoridades, y a establecer y promover valores, creencias y actitudes que alienten a las personas a defender sus propios derechos y los de los demás.
La situación de inseguridad de los migrantes es cada vez mayor, ya que frecuentemente son víctimas de arrestos arbitrarios y ausencia del debido proceso, de expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales, así como de obstáculos para el acceso y procuración de justicia.
Se refiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información de que agentes del Instituto Nacional de Migración y policías municipales, estatales y federales, directamente o en colusión con organizaciones criminales, han perpetrado delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Señala que las violaciones a los derechos humanos de este sector se han incrementado en cantidad y gravedad, por lo que consideraron indispensable identificar las causas de fondo de los problemas que enfrentan actualmente a su paso por México, así como reorientar el diseño y aplicación de políticas que atiendan el problema.
El Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes indocumentados, por ello, debe adoptar medidas positivas, evitar iniciativas que limiten los derechos fundamentales, y suprimir medidas y prácticas que restrinjan o vulneren sus derechos, indica.
Aunado a ello, el incremento de la violencia durante los últimos años en México plantea desafíos sumamente complejos. Por ello, al esquema de capacitación se deben sumar medidas que salvaguarden la seguridad para tener una sociedad justa, en la que los derechos humanos de todas las personas sean valorados y respetados.

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