Número-892

• Falta información para definir objetivos respecto a la ubicación, número de habitantes y condiciones económicas.
• Es necesario que INEGI amplíe su base conceptual para diseñar políticas que eviten cualquier tipo de discriminación.

El Pleno del Senado solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) otorgar mayor cobertura conceptual a la población afromexicana o afrodescendiente, dentro de las Unidades de Estudio de la Encuesta Intercensal 2015.
Lo anterior, a fin de conocer sus características socioeconómicas y demográficas, así como su distribución dentro del territorio nacional, ya que existe carencia de información para definir objetivos respecto de la ubicación, número de habitantes, condiciones económicas, empleo, atención en educación, salud y vivienda.
El dictamen con punto de acuerdo, aprobado en votación económica durante la sesión del 4 de noviembre, busca establecer medidas que garanticen la obtención de información de este sector, con el objetivo de diseñar políticas que eviten cualquier tipo de discriminación.
Al fundamentar el documento, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, María del Rocío Pineda Gochi, dijo que se estima que en México habitan más de 400 mil personas de origen afrodescendiente, sin embargo, la cifra no responde a la realidad de este sector poblacional “por lo que tenemos el desafío de producir información relevante y pertinente sobre las condiciones de vida de estas comunidades”.
En este sentido, consideró necesario que INEGI amplíe su base conceptual en este censo, a fin de obtener más variables y criterios sociodemográficos, que permitan identificar de manera puntual las características del sector afromexicano o afrodescendiente.
Nuestras raíces culturales son originariamente indígenas, pero, las culturas afrodescendientes enriquecieron nuestro universo de identidad, y hoy en día este sector ha quedado invisible a los ojos de las políticas públicas y los programas sociales, manifestó.
Indicó que las poblaciones afrodescendientes se encuentran en desventaja respecto al resto de la sociedad, en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a los servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada a la discriminación racional, cuyos orígenes poseen una profunda raíz histórica, cultural y política.

El reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de nuestros pueblos permite construir marcos jurídicos, que hagan valer los derechos fundamentales del hombre e incluir en las sinergias de la población, políticas y planes de desarrollo a todos los grupos sociales, con la finalidad de lograr un desarrollo más homogéneo e igualitario, puntualizó.

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