Número-881

• Plantea la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, para analizar la situación de los estados.
• Se establece que el Congreso tenga la facultad para otorgar las bases sobre las cuales celebrar empréstitos.

El Pleno del Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 25, 73, 79, 108, 116, 117 de la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.
El documento plantea la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal.
Dicha Comisión se emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.
El dictamen busca que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, para lo cual, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
Se establece que el Congreso tiene facultad de otorgar las bases sobre las cuales el Poder Ejecutivo --en estados y municipios-- pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación. En este sentido, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos o que se realicen con propósitos de regulación monetaria; además, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado.
Asimismo, aprobará anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos que, en su caso, requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades del sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.
El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe sobre el ejercicio de los recursos correspondientes, e informará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Congreso establecerá las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; así como los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrían afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.
También construirá las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.
El documento establece que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrían contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se propone crear una Comisión Bicameral a fin de atender el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de disciplina financiera para estados y municipios, y con ello someter a controles más estrictos los mecanismos que han llevado a algunas de las entidades federativas y municipios a un sobre endeudamiento.
Mencionó que la Constitución señala que toda deuda debe ser canalizada a inversión productiva y acrecentar la infraestructura y potencialidades de los estados y municipios, mientras que en la realidad muchos de estos se han destinado a gasto corriente.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García expresó que es una oportunidad de que el Congreso constituya un órgano bicamaral, que si bien no tiene una facultad sancionatoria directa, sí tiene atribuciones para hacer observaciones y recomendaciones que permitan a los órganos competentes estimar el nivel de endeudamiento.
Creo que esta reforma permitirá que se pongan sobre la mesa las condiciones de cada entidad, lejos de que sea un paso regresivo, abona al apuntalamiento y fortalecimiento de la capacidad de financiamiento conforme a sus propios recursos, concluyó.
Al presentar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Gerardo Sánchez García dijo que esta reforma plantea encontrar mecanismos de disciplina financiera en los estados y municipios, a fin de evitar un sobreendeudamiento que pueda afectar las finanzas públicas de las entidades, sin vulnerar el pacto federal.
Expresó que se trata de que los empréstitos que contraten los estados y los municipios, se destinen a obras o proyectos que generen valor agregado, o bien para fortalecer los servicios educativos de salud. “Estamos ante la posibilidad real de dar paso a un nuevo esquema de federalismo fiscal, que convierta al municipio y entidades federativas en un factor clave de desarrollo económico, al promover la inversión estratégica local”.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Ernesto Cordero Arroyo señaló que una de las principales amenazas a las finanzas públicas del país es el endeudamiento sin control de los estados y los municipios, que ha crecido de manera “sorprendente” en estos últimos dos años.
El dictamen, agregó, fortalece las facultades del Congreso para legislar en la materia, para dictar las bases respecto de las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación a favor de algunas entidades.
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna Luna destacó que la Secretaria de Hacienda reporta que la deuda pública de entidades y municipios alcanza un monto de 490 mil millones y representa el 85.1 por ciento de las participaciones que entrega la Federación a las entidades.
Precisó que es necesaria una reforma hacendaria que amplíe las potestades tributarias y establezca un mejor ejercicio del gasto público, porque tenemos el reto de poner fin al “despilfarro, la desviación de recursos, deuda en gasto corriente, corrupción e impunidad por eso el voto será a favor, pero se requiere de una reforma más amplía y un sistema de fiscalización eficaz”.
Al fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México, el senador Carlos Alberto Puente Salas, aseguró que la necesidad de regular las finanzas estatales y municipales es un clamor de la sociedad, porque el endeudamiento excesivo afecta la salud financiera de la nación, “es imprescindible recuperar confianza ciudadana y la credibilidad institucional”.
Agregó, que es legítima la participación del Senado en el proceso de regulación de las finanzas públicas de las entidades federativas y destacó que la Comisión bicameral que se integra analizará la situación económica de los estados y emitirá opinión de aquellos en los que se encuentre comprometida su salud financiera, “lo sin duda, representa un contrapeso necesario para que las deudas no comprometan ni aten las manos a los gobiernos y se ponga freno a deudas injustificadas”.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el senador Manuel Bartlett Díaz subrayó que es una reforma que no toma en cuenta la desigualdad presupuestal entre la federación y los estados.
Advirtió que la propuesta es “antifederalista”, ya que se incrementan las atribuciones del Congreso y de la Auditoría Superior de la Federación en detrimento de los congresos locales y de las entidades de fiscalización de los estados, “asimismo se estará entregando la soberanía de las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda”.
Durante la discusión en lo general del dictamen, el senador David Monreal dijo que se ha abusado indiscriminada de la figura de la deuda pública, y detalló que de enero a septiembre de 2014 creció en 15 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2013, lo que representa un ritmo de crecimiento cinco veces mayor al de la economía del país, por lo que se pronunció a favor de la minuta.
Por su parte, el senador Isidro Pedraza Chávez puntualizó que se ha relajado la disciplina financiera del país y el Estado de derecho; por lo que se está legislando sobre lo ya legislado, porque los requisitos para contratar deuda pública ya están limitadas en el artículo 73 constitucional, en su fracción VIII. Sostuvo que muchos de los problemas que tienen irritada a la sociedad parten de que no hay un programa de austeridad financiera en ninguno de los niveles de gobierno.
El senador Javier Corral Jurado, del PAN, se manifestó en contra, al afirmar que el dictamen no pone freno al endeudamiento irresponsable de estados, por el contrario, incorpora a fideicomisos y a los créditos de corto plazo, de 6, 8 y 10 meses, que posteriormente los gobernadores podrán permutar largo plazo al someter a los congresos locales. Esta es una realidad política, en 19 entidades los órganos legislativos están en manos de los mandatarios estatales, quienes crean mayorías calificadas incluso con tácticas de cooptación a la oposición.
En contraparte, el senador del PRD Fidel Demédicis Hidalgo afirma aseveró que se establecen mecanismos para que el Congreso --con una comisión bicamaral de vigilancia-- y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) velen porque no se incurra en endeudamiento irresponsable, además de que se establecen límites para impedir la contratación de créditos con altos intereses que pongan en riesgo la inversión en obra pública, además de contemplar sanciones a los funcionarios que incumplan la norma.
La senadora del PAN, Silvia Guadalupe Garza argumentó que este dictamen no le pondrá freno al endeudamiento de estados y municipios, “es indispensable detener los endeudamientos indebidos de gobernadores y presidentes municipales porque es dinero de los mexicanos”.
Al presentar su voto particular, el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo advirtió que con esta reforma en lugar de poner los incentivos adecuados, para que los gobiernos se preocupen por recaudar más y elaborar mejores proyectos de infraestructura y buscar su financiamiento, se propone “legalizar a nivel constitucional las malas prácticas que han seguido estados y municipios”.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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