Número-864

  • Se crean la Agencia de Transporte Ferroviario y el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios
  • Se avalaron reservas del PAN para fortalecer la competitividad

El Senado aprobó, con 71 votos a favor, 32 en contra, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que prevé la creación de la Agencia de Transporte Ferroviario, facultada para garantizar la competitividad en el sector; así como del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, con recursos públicos.
El Pleno aprobó también las reservas presentadas por el senador Héctor Larios Córdova, del PAN, a los artículos 6 bis y 46, a fin de que la Agencia lleve a cabo el registro de las tarifas pero también de los cargos por combustible o interconexión, entre otras, para que no se apliquen cargos indebidos en contra de los usuarios.
De igual forma se avalaron las reservas al artículo 36, presentadas por el senador Salvador Vega Casillas, a fin de que se establezca claridad en las concesiones respecto a derecho de vía, a fin de que disminuya los costos de traslado de productos nacionales y haya mayor competitividad interna, y así revertir la tendencia de que sea más barato importar mercancías de otros países por su bajo costo de transporte.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, explicó que se realizaron modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, a fin de cumplir con los objetivos de dotar de servicios óptimos a los usuarios del sistema ferroviario, a partir del impulso de su modernización en sus modalidades de transporte de pasajeros y de carga.
Destacó que dichas modificaciones fueron consultadas con la Cámara de Diputados, por lo que se dispuso la creación de la Agencia del Transporte Ferroviario, en sustitución de la Dirección General del Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cómo órgano desconcentrado, la Agencia tendrá las facultades de procesar la información a fin de garantizar la interconexión entre los operadores de servicios, derechos de arrastre y plazos perentorios para cumplir con las concesiones que les brinde el Estado. De encontrar que no se cumplen con estas garantías, será posible aplicar sanciones que pueden llegar al retiro de la concesión.
El senador por el PAN destacó la eliminación de la figura de permisionario, con el objetivo de dar certeza jurídica a los inversionistas del sector, pero además de ofrecer beneficios a la población, como la creación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, con recursos federales, estatales y municipales, para garantizar la seguridad y operación de los cruces ferrocarrileros en los municipios.

La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, se pronunció contra del dictamen al afirmar que al eliminarse la figura de los permisionarios, se mantiene el monopolio en tres concesionarios Grupo México, Ferromex y Kansas City Southern México.
Hizo énfasis en que estas empresas son responsables de que no haya inversión en el sector, por lo que la red ferroviaria ha crecido apenas en 0.06 por ciento desde 2006 y no existe modernización del sector; por el contrario, se registra el abandono de rutas importantes, como la México Toluca. No obstante, las tarifas se han incrementado en 57 por ciento, en tan sólo siete años.
En contraposición, el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, apuntó que los cambios en el Senado a esta minuta derivaron de los señalamientos de especialistas de organismos nacionales e internacionales, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Dichas organizaciones se pronunciaron por conceder a la autoridad el poder suficiente para prevenir, evitar y sancionar actos que vayan en contra de la competencia, lo cual se establece en los artículos 6, 24 bis y 47, que establecen bases de elaboración, transparencia y publicación de los indicadores de servicio, así como claridad en la regulación tarifaria.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, rechazó la creación de un fondo con recursos federales, estatales y municipales, para financiar señalamientos y otros aspectos de la red de los ferrocarriles, pues ello debiera correr a cargo de los concesionarios, al no representar ningún beneficio directo a la población.
Reprobó que la nueva ley no contemple la obligación de los concesionarios de actualizar líneas ferroviarias y modernizar la infraestructura, por lo que queda como tema pendiente que el Estado asuma la obligación de establecer reglas claras y supervisar la operación de este servicio, para dar certeza a los usuarios.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, senadora por el PRI, hizo énfasis en que se fortalece la rectoría del Estado sobre la red férrea, a través de la Agencia de Transporte Ferroviario, cuyo objetivo es dar certeza jurídica a los concesionarios y aumentar la competitividad, en beneficio de los usuarios.
Refrendó que para garantizar la competitividad, en el dictamen se incluyen las observaciones y propuestas de organizaciones nacionales e internacionales, por lo que se garantiza la competitividad y complementariedad de la red ferroviaria con otros servicios de transporte.
El senador Francisco Búrquez Valenzuela, del PAN, reprochó que la reforma no haya servido para impulsar todos los sectores de producción relacionados con el transporte ferrocarrilero, pues no se le dota a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de una visión competitividad logística, que permita la movilización de productos nacionales dentro del territorio y hacia el exterior.
Se perdió la oportunidad, sostuvo, de que el sector ferroviario se convirtiera en motor de desarrollo y se dejó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con una visión corta de constructora de infraestructura, en un sector que fue mal privatizado, concluyó.

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