Número-858

• Los resultados de las reformas hacendaria, fiscal y educativa, fueron cuestionados por los grupos parlamentarios.
• También preguntaron al titular del Ejecutivo federal sobre temas como las actuaciones del gobierno ante los casos de Tlatlaya e Iguala.

El Pleno el Senado de la República recibió las respuestas a las preguntas que diversos grupos parlamentarios hicieron, con motivo del II Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las reformas hacendaria, fiscal y educativa, así como las acciones puestas en práctica por su administración en los casos Tlatlaya e Iguala, y los ingresos para 2015 que derivarán de la venta del petróleo, son algunos de los temas que los legisladores preguntaron.
En cuanto a la reforma hacendaria, el gobierno federal cuestionado por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, señala que ha tenido resultados positivos, pues los ingresos tributarios han aumentado en 6.3 por ciento en el periodo de enero a julio de este año, con lo cual se fortalece la capacidad financiera del Estado.
Detalla variaciones positivas en el gasto programable en el citado periodo en diversos rubros. Así, el gasto en inversión física tuvo un incremento anual de 28.9 por ciento, el gasto en educación incrementó 4.9 por ciento, en actividades de vivienda y servicio a la comunidad creció 19.2 por ciento, en proyectos de transporte aumentó 82.6 por ciento, y en apoyo a actividades del sector primario se elevó en 12.1 por ciento.
El Ejecutivo federal también considera que los mayores ingresos tributarios han permitido compensar el efecto de la revisión a la baja de la plataforma de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ya que, a causa de los problemas de medición, la paraestatal revisó a la baja la plataforma de producción correspondiente a 2014, de 2.52 millones de barriles diarios a 2.35 millones.
Por el contrario señala que gracias al crecimiento de los tributarios, a julio de 2014 los ingresos públicos totales son mayores al programa, a pesar de que hay un faltante en los ingresos petroleros de alrededor de 30 mil millones de pesos.
En un sentido similar, el documento enviado a la Cámara de Senadores por la Presidencia de la República, califica a la reforma fiscal como una modificación progresiva y redistributiva del ingreso. Explica que se evitó el IVA en alimentos y medicinas, lo cual hubiera provocado un incremento de la pobreza de 14 millones de personas.
Además de que 10 por ciento de la población con mayores ingresos aporta 54 por ciento de la recaudación adicional; las tasas del Impuesto Sobre la Renta afecta a menos de 1 por ciento de los mexicanos; las ganancias de la Bolsa de Valores pagan 10 por ciento de impuestos, detalla.
Destaca que en mayo de este año, el gobierno federal recibió 5 mil 500 millones de pesos provenientes de un pago definitivo extraordinario de 310 grupos empresariales por concepto del ISR, como resultado de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que eliminó la mayoría de los regímenes preferenciales y tratamientos especiales.
El presidente Enrique Peña Nieto, en las repuestas, hace énfasis en la distribución de los recursos recaudados a las personas que menos tienen, por medio de los programas diseñados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los instrumentos de la Política Social de Nueva Generación, es decir, la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), que reporta 3.1 millones de personas beneficiadas, y el rediseño del Programa Oportunidades, ahora llamado Prospera.
La reforma educativa, puntualiza lo enviado al Senado de la República, al contestar una pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha beneficiado a 806 mil 851 alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación, que han recibido alimentación mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Destaca la entrega de 240 mil equipos de cómputo y 709 mil 824 tabletas a alumnos de quinto y sexto grado en escuelas públicas de Colima, Sonora y Tabasco, como parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital.
Enfatiza las convocatorias que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado para el proceso de ingreso de docentes de educación básica y media superior para el ciclo 2014-2015, así como de directores de los subsistemas de educación media superior, con lo cual se adjudicarán 14 mil 415 plazas de jornada, 132 mil 324 horas y 445 cargos directivos.
Por otra parte, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática cuestionaron al Presidente de la República sobre la actuación del Ejecutivo federal en los casos suscitados en Tlatlaya e Iguala. El documento refiere que en el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Raul Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal atrajo la investigación y ha asumido el control de la seguridad pública en Iguala y otros municipios de esta entidad.
Asimismo, el Presidente añade que su gobierno colabora de cerca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó medidas cautelares en favor de los familiares de los desaparecidos. Refiere el despliegue de mil 776 efectivos de diversas divisiones de la Policía Federal en Iguala, 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 16 binomios ecuestres, dos helicópteros, dos aeronaves de reconocimiento, seis buzos, cuatro laboratorios médicos y georradares.
Detalla que se han detenido a 22 policías municipales de Iguala, que presuntamente participaron en la desaparición de los estudiantes; 14 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que participaron en los hechos; 14 policías municipales de Cocula; y el síndico de Iguala, Oscar Chávez Pineda, ha sido requerido por el Ministerio Público de la Federación, con fines de presentación.
En el caso Tlatlaya, el Grupo Parlamentario del PRD solicitó el nombre y grado castrense de los militares que son investigados por el enfrentamiento en la comunidad rural de San Pedro Limón, del citado municipio.
La Presidencia de la República explica que está imposibilitado para dar los nombres de los militares porque la Constitución Política de México señala la obligación de toda autoridad de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción alguna; sin embargo, sí detalla los grados castrenses y delitos de los que se les acusa.
La lista es: un Teniente de Infantería, por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito; un Sargento 2º de Infantería y dos soldados de Infantería, acusados de homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo; y otro soldado de Infantería, un cabo y un soldado de Transmisiones, acusados de ejercicio indebido de servicio público.
El documento que contiene las respuestas de Enrique Peña Nieto a las preguntas de los Grupos Parlamentarios, señala que, de manera paralela, se sigue un proceso penal en el fuero militar contra los militares ante el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar, mediante la causa penal 338/2014 por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo; delitos considerados en contra de la disciplina militar y, por ende, competencia exclusiva del fuero de guerra, en términos de lo previsto por el propio artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En otro tema, el Grupo Parlamentario del PRD cuestionó al titular del Ejecutivo federal sobre la estimación de la venta del petróleo. El documento con las repuestas del Presidente de la República, explica que para 2014, una vez corregidos los problemas de medición, se ajustó el pronóstico de producción de Pemex a 2.35 millones de barriles diarios, mientras que la Ley de Ingresos de 2014 consideraba una producción de 2.52 millones de barriles diarios.
Para 2015, la plataforma de producción de petróleo se estima será de 2.4 millones de barriles diarios. Por otro lado, refiere que los menores ingresos petroleros en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el mismo periodo son reflejo de un menor precio del petróleo. Para 2015, la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del precio de la mezcla mexicana de petróleo, arrojaba un nivel de 82 dólares por barril, mientras que para 2014 el precio fue de 85 dólares.

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