Número-725

• No se va a legislar con prisas ni se dará un albazo, pero sí se requiere fortalecer las capacidades institucionales, advierte el senador Roberto Gil.
• · Cambios deben ser graduales ante la demanda de recursos financieros, de infraestructura y de recursos humanos.

La Ley Nacional de Ejecución Penal requiere de modificaciones para evitar un colapso de las tareas de los jueces de ejecución por la saturación de funciones y facultades que se les otorga en la ley que regula el sistema penitenciario nacional, coincidieron especialistas, funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, afirmó que no se tiene prisa por aprobar esta ley, ni se intenta hacer un trámite presuroso o dar un albazo para integrar el nuevo régimen de implementación en el sistema penitenciario nacional, que cuenta con la aportación de los diferentes grupos parlamentarios.
El legislador del PAN, señaló que en los momentos por los que atraviesa el país y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para atender la seguridad y el Estado de Derecho, esta ley es imprescindible en el corto plazo, además de que al menos en dos entidades ya entro en vigor el sistema acusatorio en materia federal.
La senadora del PT, Layda Sansores San Román, indicó que esta ley es un eslabón fundamental para el nuevo sistema acusatorio peal. Coincidió con los especialistas sobre la corrupción que existe en las cárceles del país, pues los centro de reclusión son negocios por el control, protección y lugares que ocupan los internos.
La senadora del grupo parlamentario del PRI, Arely Gómez González, cuestionó a los especialistas sobre la responsabilidad que debe tener el Estado respecto a la atención medica de los reclusos, sus revisiones médicas para quienes presentan alguna enfermedad que requiera de medicamentos de manera recurrente.
El senador del PVEM, Carlos Puente Salas dijo que en diversos centros penitenciarios del país se presentan de manera recurrente prácticas excesivas por parte de las autoridades penitenciarias, lagunas en perjuicio de los internos y en muchas ocasiones violentan los derechos humanos.
Durante las audiencias públicas que se realizaron este día en el Senado, Edwin García Baeza, del Consejo de la Judicatura Federal precisó que en la ley se plantea una saturación de funciones al juez de ejecución, además de que se señalan facultades que ya se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta saturación va en detrimento de los derechos de sentenciados y procesados sujetos a prisión preventiva.
Carlos Sánchez Bocanegra director general del Observatorio Ciudadano de la Justicia, Renace, indicó que la atención a la salud de los reclusos es un tema olvidado, por lo que esta ley general tendría que estar contemplada como una herramienta básica de atención por parte del Estado, es necesario establecer como responsabilidad directa del sistema de salud la atención médica y acceso a los medicamentos.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Caballero, consideró que se debe contar con unidades especializadas para mujeres en reclusión en situación de maternidad que permitan una sana convivencia para los menores. En la ley se contempla reducir la edad de seis a tres años la estancia de los menores con sus madres, precisó.
Juan Hernández Mora comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social advirtió de una sobrerregulación en el sistema penitenciario, que además, representa un severo impacto presupuestal en cuanto a recursos financieros, de infraestructura y de recursos humanos que difícilmente podría ser aplicado a nivel local y federal.
Alejandro Magno González, de la Procuraduría General de la República, manifestó que los cambios que se plantean en la ley deben ser graduales ya que debido a lo difícil y complejo del nuevo modelo se corre el riesgo de que no se ponga en práctica las modificaciones en el sistema penal.
También participaron Layda Negrete, investigadora asociada de México Evalúa; Lucía Alvarado González, del grupo Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur; Miguel Sarre Iguíniz, investigador miembro de Reintegra; Orlando Camacho, integrante de México SOS; y Jesús Grijalva Tapia, subsecretario del sistema penitenciario de Baja California.

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