Número-694
- Gabriela Cuevas y Laura Angélica Rojas piden al Ejecutivo federal reconocer competencia de ese organismo.
- Durante los últimos 8 años desaparecen 240 personas al mes, advierten las legisladoras.
Debido a la situación crítica que vive el país por la desaparición de miles de personas, entre ellas los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es indispensable que el Senado de la República pida al Ejecutivo federal que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de que familiares, organizaciones y víctimas puedan presentar denuncias por dicho delito ante este mecanismo internacional.
Así lo propusieron las senadoras de Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, mediante un punto de acuerdo que se envió a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales para su análisis.
En el documento, las legisladoras explican que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2007, creó dicho Comité como un “organismo cuasijurisdiccional”, con el objetivo de ayudar a las víctimas y vigilar la incidencia de las desapariciones forzadas en los estados parte.
Se explica que este órgano podrá examinar de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos y e todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
También cuenta con facultades para solicitar al Estado parte que proporcione en un plazo determinado información sobre la situación de la persona desaparecida y, llegado el caso, de transmitir recomendaciones e incluir peticiones respecto de la adopción de las medidas necesarias, incluidas las cautelares, para localizar y proteger a la persona.
No obstante, se precisa, el Centro de Información de la ONU ha señalado que México aún no reconoce la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir comunicaciones de parte de las víctimas.
Por ello, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han insistido en reiteradas ocasiones en que, como muestra de su compromiso con las víctimas de este delito y con la comunidad internacional, México debe reconocer la competencia del Comité relativa a denuncias de particulares e interestatales respecto de este ilícito.
Se recuerda que el pasado 8 de septiembre --18 días antes de la desaparición de los estudiantes Ayotzinapa-- diversas organizaciones de protección de los derechos humanos dirigieron una carta al Presidente de la República donde le solicitan que acepte la intervención del Comité de Desaparición Forzada de Personas y señalan que “muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades, entre otros obstáculos”.
En la misma misiva mencionan que en la mayoría de las denuncias que se presentan --según la Secretaría de Gobernación más de 22 mil en el país-- no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables.
Las senadoras panistas refieren que datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), indican que cinco entidades concentran aproximadamente 50 por ciento del número de desaparecidos en México, que hasta agosto pasado ascendía a 22 mil 322 personas.
Ese porcentaje lo conforman Tamaulipas con cuatro mil 875 casos; Jalisco con dos mil 113; Estado de México con mil 554; Distrito Federal con mil 450 y Coahuila con mil 332.
Comentaron que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha dado a conocer que en 17 estados de la República se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.
En casi todos los casos, puntualizaron, HRW ha documentado que las autoridades no adoptan las medidas básicas de investigación que podrían ayudar a encontrar a las víctimas o a las personas responsables, así como evidencias que sugerían que los mismos funcionarios, en colaboración con organizaciones delictivas, habían sido responsables de varias desapariciones.
Enfatizaron que fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa los que sacudieron la conciencia nacional, pero son miles de personas las que continúan desaparecidas en todo el territorio nacional.
Cuevas Barrón y Rojas Hernández destacaron que en los últimos ocho años se ha registrado la desaparición de 22 mil personas en México, lo que significa que en promedio han desaparecido 240 personas al mes en estos años
“No debemos permitir que se desatienda a las víctimas y sus familiares, no podemos dejar de exigir que el Ejecutivo federal informe ante la sociedad y a esta Soberanía lo ocurrido respecto a las lamentables desapariciones forzadas ocurridas en Iguala y en otras partes del país”, expresaron.
Manifestaron que el que no se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU refleja “el temor que todavía existe en nuestro país al escrutinio de la comunidad internacional y la incongruencia de nuestra política exterior”.
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