Número-672

• Coinciden especialistas en que el Senado debe modificar la minuta para evitar lagunas e inconsistencias en la ley.
• Comité Técnico que asesorará al Conejo General generará disputas al interior de Coneval, señalan.

Al concluir las audiencias públicas para analizar la minuta que crea la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que el dictamen estará listo para su discusión y eventual aprobación el próximo lunes 1 de diciembre.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social señaló que las opiniones y observaciones de los especialistas nacionales e internacionales serán tomadas en cuenta para posibles modificaciones al proyecto que envió la Cámara de Diputados.
En tanto, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó a los investigadores sobre la conveniencia de que los candidatos a ocupar un lugar en el Consejo General del Coneval, sean personas que nunca hayan ocupado un cargo de elección popular.
Los senadores del PAN, Ernesto Cordero Arroyo y Fernando Herrera Ávila expusieron sus inquietudes respecto de los cambios que se deben realizar a la minuta para asegurar que el organismo encargado de la evaluación de políticas sea una institución autónoma y que los resultados de sus investigaciones y evaluaciones tengan un impacto positivo en la elaboración de programas sociales.
En su participación, Julio Boltvinik Kalinka, profesor investigador del Colegio de México, dijo que cinco años de distancia entre la candidatura al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y un cargo público es suficiente para no contaminar el proceso.
La doctora Teresa Bracho González, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló que los consejeros que sean elegidos para dicho organismo deben emitir recomendaciones a partir de los resultados que arrojen las evaluaciones a los programas.
Además, consideró que los consejeros deben elegir a su Presidente, como una medida de corresponsabilidad.
Mario Sanginés, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró que los cambios que se deben hacer tienen que estar orientados a profundizar la democracia y rendición de cuentas a partir de las evaluaciones que se realicen para conformar una política de Estado. “No se deben hacer cambios, a menos que sean indispensables y que no sean demostrables que funcionen”, señaló.
El coordinador general de la oficina de Desarrollo Humano, México-PNUD, Rodolfo de la Torre García, refirió que hasta el momento el Coneval ha sido autónomo y los resultados dan cuenta de ello, por lo que se deben mantener, en la medida de lo posible.
Dijo que se requiere que los perfiles que se elijan para integrar el Consejo tengan claridad en sus responsabilidades, lo que implica la neutralidad en sus decisiones, por lo que es necesario que el dictamen establezca requisitos rigurosos para ser consejero.
John Scott Andretta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, consideró prioritario que las evaluaciones que emita el Consejo sean vinculatorias, a fin de garantizar el contenido y calidad de las mediciones sociales.
Paola Contreras, coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos del Incide Social, dijo que las modificaciones no serán la solución a la debilidad institucional a la que se enfrenta el organismo, sin embargo ayudará a corregir desigualdades, reducir la discriminación, elevar la participación y dotar de capacidades de exigencia.
Manuel J. Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), manifestó que el Comité Técnico que se propone en la minuta “más bien es un comité político”, por lo que recomendó eliminarlo, ya que generaría una disputa al interior del Coneval, pues se enfrentaría a las decisiones que se toman en el Consejo General que es la “cabeza” del organismo.
También participaron Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de Desarrollo Social de Guanajuato; Margarita Zorrilla Fierro, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Fernando Alberto Cortés Cáceres, del programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM; y Claudia Maldonado Trujillo, coordinadora general del Centro CLEAR para América Latina del CIDE.

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