Número-661
- México no es un Estado fallido: senador Torres Corzo.
- La solución en materia de seguridad pública no debe quedarse solo en el discurso: senadora Dávila Fernández.
Lamentó la desaparición de estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero, y consideró que las propuestas para mejorar la seguridad deben impactar en todo el país y no sólo en ciertas regiones del territorio.
En la mesa de análisis sobre La Seguridad Pública, Justicia y Participación Ciudadana, de los Diálogos Públicos por un México Social, el legislador del PRI destacó que el respeto inculcado desde la familia como institución base de la sociedad, se verá reflejado en todas las áreas de la comunidad.
“Debemos respetar las leyes de convivencia y del derecho; para ello es necesario aplicar políticas públicas en materia educativa para que desde la niñez se inculque el respeto como herramienta para la sana convivencia social”, dijo.
La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas, enfatizó que la violencia no es un tema privativo de Guerrero, que se encuentra en el centro de atención a nivel nacional e internacional por la desaparición de 43 estudiantes.
Las expresiones de que México puede llegar a ser un Estado fallido en un futuro, aseveró, “es delicado para el país, pues es difícil pensar que pase eso en la era de la comunicación”.
Expuso que para reducir los índices de inseguridad, corrupción y violaciones a la ley, se debe poner especial atención en la prevención y pasar de la aplicación de sanciones a resarcir el daño al agraviado para perfilar al país a un estado de bienestar.
Castañeda Rivas agregó que ante la actual situación que vive México, se requiere educar en el respeto de los derechos humanos, en la casa, la escuela, entre las autoridades: Es un problema que se tiene que atender de manera integral, porque las reglas jurídicas por sí solas no son la solución, agregó.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Sofío Ramírez Hernández, presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, aseveró que los problemas de inseguridad no deben atenderse sólo con más policías.
Reiteró que la participación social es necesaria para dar legitimidad a las acciones que se implementen en esta materia, pero esta colaboración no debe ser individual, sino a través de una figura como la Asamblea de Barrio o de Pueblo, pues de esta forma se blinda al ciudadano en contra de la delincuencia.
Consideró que se debe tomar como referente la situación que se enfrenta en Guerrero, toda vez que la inseguridad que se registra en otras entidades puede tener características similares como la pobreza, falta de empleo o marginación.
La senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, aseveró que en la pasada marcha del 20 de noviembre, hubo un pequeño grupo de 30 o 40 personas que se dedicaron a hacer desmanes, por lo que cuestionó si el Estado o las autoridades estaban preparados para identificarlas.
Aseveró que la solución en materia de seguridad pública no debe quedarse sólo en el discurso o en lo trillado del tema de la compasión para aquellos que quebrantan la ley.
Señaló que en los últimos 14 años se ha tratado el tema de seguridad de formas distintas, tratando de separar la seguridad pública de la gobernabilidad, pero el gobierno actual ha unido estas áreas, por lo que preguntó cómo diferenciar la gobernabilidad de la seguridad pública, cómo ver al mando único policial y la participación de los municipios en esta tarea.
Carlos Barragán Salvatierra, investigador de la UNAM, en respuesta a los cuestionamientos de la senadora Dávila Fernández, aseveró que en México se tienen un grave problema en la aplicación de la ley a pesar de que el país cuenta con “buenas legislaciones”, pero el problema, dijo, es que no se están aplicando, se tiene una deficiencia en la procuración de justicia y en seguridad pública.
Puntualizó que además se tiene una “indigestión de policías”, como en el caso de Guerrero en el que se encuentran elementos municipales, estatales, federales, judiciales, militares, marinos, pero no hay ninguna solución, porque no se aplica el derecho.
Sobre el mando único, consideró que es una buena opción únicamente si se implementa correctamente.
Marco Antonio Díaz de León, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, sostuvo que se debe de preservar el Estado y la soberanía porque son la principal característica del país. El Estado, dijo, se debe entender como supremacía y ningún otro poder, delincuencia, iglesia, sindicatos, policías o ejércitos deben estar por encima de esta concepción.
Subrayó que si se exige la aplicación de la Ley, también se debe hablar acerca de las omisiones, toda vez que en hechos recientes se han visto estas conductas por parte de autoridades, que no han realizado su función.
Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), consideró que se tiene que conjuntar el binomio seguridad y justicia con el de la garantía efectiva de derechos humanos e indicó que el sistema adversarial de 2008 sí concede incentivos claros para que los abogados, fiscales y peritos realicen su trabajo, siempre de cara a la sociedad y combatiendo la opacidad.
Además, expuso que se requiere que los niños dejen de pensar en ser sicarios o narcotraficantes y se concentren en participar en las policías cercanas a la comunidad. Comentó que con horarios extendidos y tener talleres donde se potencien sus capacidades en arte, deportes y cultura, en un tiempo razonable los índices delictivos caen.
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