Número-649
- La declaración patrimonial debe ser una herramienta contra la corrupción, coinciden.
- Cuántos casos de corrupción deben ventilarse para tomar medidas, cuestiona senadora.
La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de este grupo de senadores, subrayó que en México la clase política tiene que reaccionar, pues cuestionó de cuántos casos más de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés o colusión con el crimen organizado de las autoridades, se tienen que ventilar para que den los pasos necesarios para terminar de una vez con todas la impunidad.
Subrayó que el gran pendiente del gobierno y del Congreso es la reforma en materia de combate a la corrupción y otras medidas que abonen a este propósito, como es la obligación legal de que salvaguardando los datos legales personales, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de alto nivel sean públicas.
Hizo énfasis en que la declaración patrimonial debería ser una herramienta de transparencia, para que los ciudadanos estén ciertos de que quienes ocupan cargos públicos, lo hacen siempre bajo criterios de ética pública.
Por ello, señaló, propongo que la información relativa a la situación patrimonial de servidores públicos de alto nivel deberá publicitarse en versiones públicas, esto es, con plena salvaguarda de los datos personales y del derecho a la privacidad, pero de manera completa en los términos dispuestos por la Ley.
Precisó que la información relativa a la situación patrimonial deberá publicitarse de manera completa en los términos dispuestos por esta ley e indicó que es imperativo que este instrumento cumpla su fin y deje de prestarse a la simulación.
Destacó que se debe impulsar que las declaraciones patrimoniales sean públicas y completas, útiles para el ciudadano y para las instituciones, una herramienta real en el combate contra la corrupción.
Comentó que el hecho de que los electores, los mandantes, no conozcan la situación de la declaración patrimonial de sus representantes, ni aún en caso de que acepten hacerlo público, y que no se conozcan los montos y mecanismos jurídicos por los cuales se adquirieron los diferentes bienes que integran el patrimonio, es incompatible con el sistema democrático abierto que México busca seguir.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
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