Número-631

• Advierten que se necesita un giro a las políticas sociales para que toda la población acceda a los beneficios de las reformas estructurales.
• México registra un nivel de indigencia de 14.2 por ciento, mayor al promedio de A.L.

El director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México, Miguel Székely Pardo y el investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik, solicitaron al Senado blindar la autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y evitar quede sujeto a la Secretaría de Hacienda, como se pretende en una propuesta de modificaciones a la ley correspondiente.
Los especialistas coincidieron también en la necesidad de impulsar un cambio en la política social, a fin de que exista realmente la posibilidad de que toda la población pueda acceder a los beneficios de las reformas estructurales, pues el modelo de asistencia actual no ha funcionado para combatir la pobreza y México registra un nivel de indigencia de 14.2 por ciento, el cual resulta mayor al promedio en América Latina que es de 11.3 por ciento.
Esto, al participar en la segunda y tercera mesa de Diálogos Públicos por un México Social, en las que fungieron como moderadores los senadores Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; y Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD; presidentes de las comisiones de Educación y Desarrollo Social, respectivamente.
Székely Pardo, también asesor de la ONU, consideró que con las reformas estructurales existe una real oportunidad para que México alcance un crecimiento mayor, pero para revertir la pobreza eficazmente se requiere que la política social se convierta en un instrumento que habilite en competitividad a la población, a través de créditos y financiamientos.
Si la política social se mantiene como un tema de subsidio al ingreso y no se impulsan programas para la capacidad productiva, afirmó, “las oportunidades que se generen con las reformas estructurales no serán aprovechadas equitativamente por la población”.
Estableció que uno de los principales problemas en política social es la dispersión de programas de subsidio, en los que incluso se ofrece a la población alimento de forma directa, esquema que se ha abandonado en la mayoría de los países latinoamericanos porque no ha sido eficaz en el combate a la pobreza; y en México se ha evidenciado al registrar más de 53 millones de pobres.
Székely Pardo rechazó los argumentos de que no se cuentan con recursos suficientes para combatir la pobreza, pues de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se si dividen los recursos entre el total de población, se cuenta con 35 mil 364 pesos por persona, lo cual es muy superior a lo que se requiere para cubrir las necesidades de la línea de indigencia o de pobreza extrema.
Al abordar el tema de la nueva ley en política social que se analiza en la Cámara de Diputados, advirtió que se pone en riesgo la autonomía y la credibilidad del Coneval pues se ha planteado que su agenda de evaluación de los programas del gobierno sean sometidos a la autorización de la Secretaría de Hacienda, por lo que podrá vetar ciertos temas.
Otro tema nodal en la discusión del nuevo modelo del Coneval, abundó, es en cuanto a su consejo, pues se plantea que sea el Consejo Nacional de Desarrollo Social quien defina los cargos, y esto abre la posibilidad de que las posiciones se asignen por cuotas políticas, haciéndose a un lado el perfil académico.
Reiteró su postura porque se blinde la autonomía y credibilidad del Coneval, a fin de evitar una regresión en los pasos que se dan en México para medir y combatir eficazmente la pobreza, además de que restaría solidez a nuestro país en el contexto internacional.
En lo anterior coincidió el profesor Julio Boltvinik, al plantear otras reformas constitucionales que permitan fortalecer el combate a la pobreza, y eliminar la focalización de las trasferencias económicas a las poblaciones en extrema pobreza, a fin de que se proporcione de manera universal, basándose en los derechos básicos de la población de acceso a la educación, la salud, entre otros.
Se pronunció también por modificaciones a la ley, a fin de que el Banco de México tenga la obligación de fomentar el crecimiento económico, y no sólo el control de la inflación.
A través de la legislación, agregó, se debe poner en marcha un programa de recuperación del salario mínimo, con el objetivo de duplicar cada 10 años el poder adquisitivo real, por lo menos hasta alcanzar el nivel real que tuvo en 1976.
Lo anterior incluye la desenajenación del trabajo, estimular la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la autogestión y democratización de los centros de labores, así como democratizar y fortalecer los sindicatos.

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