Comunicado-591

• Senadores piden no queden impune los posibles actos de corrupción en la construcción de la Estela de Luz.
• Debido a la ilegalidad y falta de transparencia con que se manejó su diseño y edificación, el monumento terminó rodeado de irregularidades y actos de corrupción.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicitó a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe que señale las irregularidades y afectaciones al erario por la construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario.
Los legisladores también demandaron información sobre los procesos que se han llevado a cabo en contra de servidores públicos y particulares por acciones y omisiones relacionadas con la construcción de dicho monumento, así como los gastos efectuados con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Señalaron que debido a la ilegalidad y falta de transparencia con que se manejó el diseño y construcción, este monumento que debió ser una obra de arte única de la arquitectura mundial y pieza inigualable de la ingeniería moderna, terminó en una edificación poco estética y rodeada de irregularidades y actos de corrupción.
En un punto de acuerdo que presentaron al Senado, los senadores recordaron que la Estela de Luz tuvo un costo para el erario de mil 139 millones de pesos, 300 por ciento más de los previsto, así como 743 días para su ejecución, 195 por ciento más del tiempo planeado para su entrega.
La ASF dio a conocer que derivado de la revisión de las cuentas públicas 2009-2011, se fiscalizaron las siguientes entidades: Secretaría de la Función Pública; el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; el Banco Nacional de Comercio Exterior; el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
En sus resultados, la Auditoria emitió 106 observaciones, 36 recomendaciones, cinco solicitudes de aclaración, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos.
Sin embargo, aun cuando se han llevado a cabo diversas auditorías y acciones judiciales al respecto, “para el grupo parlamentario del PRI resulta de vital importancia dar seguimiento a este tipo de eventos, a fin de que nadie quede impune de estas acciones que vulneraron al erario público”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

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