Comunicado-500

• Más de 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, afirma.

El senador Gerardo Sánchez García advirtió que ante el incremento en el número de personas desplazadas en nuestro país se requieren medidas jurídicas eficaces para impedir la violación reiterada de sus derechos humanos.

Dijo que en México más de 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones de México, principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, cifras que se han ido incrementando a partir del 2007, según datos del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno.
El legislador del PRI refirió que las entidades que presentan este problema en mayor medida son Chiapas y Chihuahua, pero el aumento de las actividades de narcotráfico provocó que pobladores de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, también se han visto en la necesidad de huir de sus estados.
De acuerdo con el Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno en México, las causas de desplazamiento interno forzado son los conflictos armados, la violencia generalizada, la violación de derechos humanos, la delincuencia organizada, conflictos sociales, disputas por tierras o recursos naturales, así como la ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo.
Ante este escenario propuso modificar el artículo 11 de la Constitución para que todas las autoridades tengan la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas o grupos de personas desplazadas dentro del territorio nacional, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia.
De esta manera, consideró, no sólo se garantizarían las libertades de tránsito dentro del territorio nacional y de establecer la residencia en cualquier lugar de la república, sino que se obligaría a todas las autoridades a hacer valer los derechos humanos de las personas o grupos de personas desplazadas.
La iniciativa, que también suscriben los senadores Manuel Cota Jiménez, Claudia Pavlovich Arellano, Ivonne Álvarez García, Mely Romero Celis e Hilda Flores Escalera, del PRI, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera.

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