MAYOR VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS, EN ESTADOS CON PRESENCIA DE CRIMEN ORGANIZADO Y EJÉRCITO
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, especialistas, comunicadores y miembros de organizaciones de derechos humanos, expresaron que la mayor violencia en contra del ejercicio periodístico se concentra en entidades que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, corporaciones policíacas y del Ejército.
Además, señalaron que el 68 por ciento de las agresiones en contra de periodistas provienen de funcionarios de gobierno y que la impunidad ha permitido una ingobernabilidad y una “gran” censura y autocensura en los medios de comunicación.
Al respecto, Germán Rey Beltrán, director del centro ATICO de la Universidad Javeriana de Colombia, mencionó en su conferencia sobre la libertad de expresión en América Latina, que ésta es un derecho humano y de las democracias que se ubica en un escenario de nuevas amenazas.
Explicó que el mayor peligro proviene del crimen organizado por lo que la manera de combatirlo es a través de información de calidad, organización y colectividad de los medios de comunicación, además de mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas.
Sobre el tema Ética y los Valores del Periodismo en tiempos de Internet y de Wikileaks, Javier Dario Restrepo, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia, indicó que las nuevas tecnologías han derrumbado cualquier barrera de intimidad de los usuarios por lo que sus datos y gustos personales son altamente codiciados.
Por otro lado, el académico advirtió que la importancia de herramientas como Wikileaks y redes sociales se ve reflejada en el momento en que se convirtieron en vehículos que argumentaron y animaron movimientos revolucionarios.
En tanto, el periodista y académico Raúl Trejo Delarbre cuestionó a los legisladores acerca de la construcción de garantías para ejercer una auténtica libertad de expresión, porque ésta significa pluralidad y condiciones para desarrollarla.
El caso de Wikileaks --indicó-- develó lo que la prensa no es capaz de relatar e informar y reanimó el papel de ésta como vigilante del poder, pero consideró que México tiene un problema si se supone que los medios de comunicación pueden ejercer un papel serio como contrapesos del poder político.
Más adelante, José Reveles expresó que “ahora resulta que las cúpulas empresariales de los medios masivos de comunicación y el gobierno emiten decálogos y quieren decidir qué, quién, cómo, dónde, cuándo y de qué manera los periodistas deberíamos informar de la violencia que ya invadió y envenenó la convivencia ciudadana”.
En la conferencia Periodismo: medios, violencia y responsabilidad, el periodista explicó que con lo anterior “vemos la reedición de viejas pretensiones de uniformar los lenguajes informativos y la búsqueda autoritaria de imponer una verdad única y oficialmente aceptada”.
En la misma mesa, Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, expuso que el 68 por ciento de las agresiones contra periodistas provienen de funcionarios de gobierno.
Refirió que la impunidad ha permitido una ingobernabilidad y una “gran” censura y autocensura, ya que “en México sí podemos decir que somos libres de escribir lo que queramos, pero también podemos garantizar que las consecuencias pueden ser la muerte, prisión, acoso fiscal, descrédito, injuria y la calumnia por otros sicarios”.
A su vez, Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, , manifestó que la cobertura debe hacerse para informar a la sociedad sobre lo que sucede, porque “no es solución silenciar las cosas como si esto pudiera terminar con el problema”.
Por ello, consideró necesario adoptar mecanismos idóneos para no caer la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
En el panel sobre los principales obstáculos para el ejercicio periodísticos, Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, afirmó que en más del 65 por ciento de actos contra medios de comunicación y periodistas “se advierte como presuntos responsable a gente vinculada al poder público”.
Ante las alarmantes cifras, asentó, los resultados de las autoridades para resolver este problema “han sido nulos”, pues “la impunidad sigue reinando, ya que hasta marzo de 2010 la Fiscalía Especial sólo había consignado cuatro casos de 108 registrados, y el 60 por ciento de ellos se había declarado incompetente”.
Por su parte, Ana Lilia Pérez Mendoza expresó que “el primer reto que enfrentamos los periodistas en el México de hoy es no ser el siguiente asesinado y no aparecer en la numeralia de los desaparecidos o levantados”.
Contrario a lo que ocurre en otras regiones donde los avances tecnológicos y la cultura democrática, permitieron que la libertad de expresión alcance niveles plenos de desarrollo y donde la prensa se vuelve en un aliado de la sociedad para la toma de decisiones, “en México perdimos la libertad de prensa”, advirtió.
La perdida de este derecho, dijo, es responsabilidad de los tres poderes formales de la Unión y “la numeralia de agresiones a la prensa crece en este sexenio sin que se inmute ninguna autoridad y sin que ello modifique o se haga algo por cambiar la estructura de poder que fomenta tanta impunidad”.
En tanto, Balbina Flores Martínez, de Reporteros Sin Fronteras, señaló que “la mayor violencia en contra de periodistas se concentra en entidades que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, de corporaciones policíacas y del Ejército; como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas”.
De 2007 a 2010, agregó, su organización registró, por lo menos, 21 ataques violentos a instalaciones de diversos medios de comunicación y hasta el momento “ninguno de estos casos ha sido investigado, no hay detenidos, responsables ni sanciones”.
En su turno, Rubí Blancas, oficial nacional de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó la importancia de la profesionalización de los medios de comunicación y su actualización ante el crimen organizado y el cibercrimen.
Recomendó facilitar el desarrollo del trabajo legislativo, fortalecer el mecanismo de prevención de la violencia y delitos a los medios de comunicación, así como promover la denuncia, la coordinación de información entre la policía y combatir la corrupción e impunidad.
A su vez, Alan García Campos, coordinador del Área Jurídica de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo que preocupa que agresiones a periodistas no reciban la atención que merecen y no se asignen recursos suficientes que permitan prevenirlas o cuando se producen investigarlas, perseguirlas y juzgarlas.
Explicó que el principal reto que enfrenta México en el ejercicio periodístico continua siendo la violencia en contra quienes lo ejercen, particularmente los que cubren problemas sociales, crimen organizado, narcotráfico, que critican la gobierno, o a los sectores de poder y que denuncian violaciones a derechos humanos.
Por la tarde, en el panel Impunidad y amenazas contra periodistas en el Siglo XXI en América Latina, Anabel Hernández, escritora y periodista, acusó que en realidad a nadie le importa en este país, lo que le pasa a los periodistas, “lo que nos pasa en el día a día; somos una estadística, una estadística de levantados de muertos y de amenazados”.
En este sentido, denunció que ha recibido amenazas de muerte “directas, concretas constantes de las autoridades federales por denunciar la corrupción”.
Por su parte, Ricardo González, de Artículo 19, planteó como medida para combatir la impunidad el afianzamiento de una alianza entre medios de comunicación y sociedad, así como la rendición de cuentas de los informantes.
En su turno, Ana María Miralles, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, aseguró que en México el problema frontal es atribuir toda la violencia contra periodistas al narcotráfico y “esa es una manera de sacarle el cuerpo a ese problema político”.
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