Comunicado-480

• Subraya que, según la CNDH, existen ocho mil 486 indígenas presos en todo el país
• Actualmente hay 24 defensores públicos hablantes de 21 lenguas indígenas

El Senado de la República solicitó al Poder Judicial de cada una de las entidades federativas, realizar los convenios necesarios --con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y sus organismos estatales-- que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

El dictamen resalta que entre los actos que se consideran violatorios a los derechos humanos de los indígenas se encuentran la detención arbitraria, la incomunicación, los tratos crueles, la falta de asesoría jurídica inmediata y la falta de traductores o interpretes en su lengua.

Subrayó que, de acuerdo con datos de la CNDH, existen 8,486 indígenas presos en distintos centros penitenciarios en el país; de ellos 290 son mujeres y 8,196 son hombres.

Sobre este asunto, el senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, subrayó que el punto de acuerdo puede hacer posible que los indígenas tengan acceso a la justicia de manera integral e indicó que actualmente hay 24 defensores públicos hablantes de 21 lenguas indígenas.

Señaló que la mayoría de los indígenas están sujetos a delitos del fuero común e indicó que el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con un convenio de colaboración, suscrito con la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el fin de realizar una coordinación y capacitación de abogados en materia indígena.

El legislador del PRI, Roberto Albores Gleason, aseveró que es incuestionable garantizar el pleno acceso a la jurisdicción del Estado y una debida defensa en los procesos penales para los integrantes de los pueblos indígenas, constituyen uno de los temas de más trascendencia para el Estado mexicano.

Dijo que en la presente administración se han llevado grandes acciones, que si bien no han erradicado el problema de una manera total, bajo ningún contexto pueden ser desestimadas.

Resaltó que, de enero a julio de 2014, a través del Programa de Derechos Indígenas se realizaron tres mil 990 acciones a favor de 195 mil 292 habitantes de comunidades indígenas mediante las siguientes modalidades de apoyo: Atención indígena en materia penal y penitenciaria al gestionar la libertad de 714 indígenas, de la cuales 14 son mujeres.

Se llevaron a cabo representaciones jurídicas en materia penal y civil que beneficiaron a 81 mil 930 indígenas, agregó.

La senadora Mónica Arriola Gordillo, señaló que es lamentable la condición de los pueblos indígenas por las constantes violaciones a sus derechos; además subrayó que las condiciones de vulnerabilidad y marginación en que viven constituyen una oportunidad para la propagación de la arbitrariedad y violación de sus derechos.

Enfatizó que el punto de acuerdo es de gran beneficio, toda vez que aborda el problema asumiendo que ya existe una legislación adecuada para resolver la falta de acceso a la justicia para personas indígenas.

En su momento, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN, destacó que a base de puntos de acuerdo se están realizando exhortos para que los estados acompañen a los pueblos indígenas para que se les proteja en sus debidos procesos.

Consideró que se debe llamar a las legislaturas locales para que trabajen en poner al día la legislación en materia de justicia para los pueblos indígenas y en seguridad, además de la conveniencia de que hablantes de lenguas indígenas puedan acceder a estudiar la carrera de derecho.

Por otra parte, el Pleno del Senado felicitó a la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por haber sido reconocida por el Senado de Argentina con la distinción "Líderes para el Desarrollo: Gobernador Enrique Tomás Cresto", por su labor legislativa.

---.---