Para ello, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley General del Sistema Nacional en la materia.
Explicó que dicho órgano ha sido el responsable de tomar decisiones fundamentales para preservar la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.
Sin embargo, mencionó que fue constituido de tal forma “que ha permanecido cerrado a la participación directa de los ciudadanos, quienes son los destinatarios de todo lo que allí se discute y se resuelve”.
Por ello --señaló-- diversas voces de la sociedad civil han demandado la incorporación de representantes ciudadanos con voz y voto en el organismo, a fin de democratizar sus decisiones e impulsar la construcción de un sistema de indicadores estratégicos para medir el cumplimiento de sus metas.
Recordó que esta exigencia se expresó de nueva cuenta, “con toda claridad y contundencia”, en la reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el pasado 28 de julio, en el Castillo de Chapultepec.
En ese encuentro --agregó-- todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso nos comprometimos a responder al clamor de seguridad y justicia de los ciudadanos.
En congruencia y en cumplimiento con lo expresado en el Castillo de Chapultepec, “proponemos reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de incluir a cinco ciudadanos como miembros con derecho a voz y voto en el Consejo Nacional”.
Expuso que dichos consejeros serán propuestos por los rectores de las cinco instituciones de educación superior con mayor prestigio y representatividad, deberán ser ratificados por el Senado y durarán en su encargo tres años.
Torres Mercado aclaró que los consejeros ciudadanos podrán ser reelectos por una sola vez.
De forma paralela y “como un elemento básico para fortalecer la representatividad del Consejo”, el senador por Zacatecas solicitó incluir a cuatro representantes del Poder Legislativo.
Éstos --explicó-- serán los presidentes de las comisiones ordinarias de Seguridad Pública y de Justicia de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Los cinco consejeros ciudadanos y los cuatro representantes del Legislativo deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad sobre la información reservada o sensible a que tengan acceso con motivo del desempeño de sus responsabilidades en el Consejo, precisó.
En este sentido, el legislador consideró que no se debe olvidar, “ni por un instante, que lo que está en juego es la seguridad de todos los mexicanos, la protección de su integridad, vida y patrimonio, que es la tarea esencial y fundacional de cualquier estado verdaderamente democrático”.
La iniciativa se envió a las comisiones de Seguridad Publica y Estudios Legislativos, Primera.
--ooOOoo--