De aprobarse la creación del organismo, señaló el legislador, también se castigarán “las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos durante la denominada guerra al narcotráfico”.
Explicó que la Comisión tendrá las más amplias facultades para investigar, esclarecer y recabar pruebas, por lo que no se le podrá negar la información requerida.
Asimismo, indicó, será un órgano plural de la sociedad y al servicio de ésta, que estará constituida por un titular, el cual deberá contar con prestigio social, autonomía e independencia de criterio, “una irreprochable honorabilidad” y tener una manifiesta trayectoria de defensa y protección de los derechos humanos.
De igual forma, estará conformado por un consejo de diez miembros honoríficos, donde se reconozca la pluralidad de la sociedad mexicana, los cuales serán designados por el Congreso.
Monreal Ávila mencionó que dicho órgano tendrá plena accesibilidad a las víctimas de la guerra y de las violaciones a los derechos humanos, por lo que sus procedimientos de atención serán ágiles, sencillos, eficientes y eficaces.
“Buscará en todo tiempo y momento la protección y defensa de los derechos humanos de las personas que acudan a solicitar su intervención”, precisó.
Todos aquellos funcionarios en materia de seguridad que fueren señalados como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico del presente sexenio, estarán obligados a rendir testimonio, sin importar el nivel jerárquico que ostenten o hayan tenido.
En este sentido, el legislador especificó que todas las instituciones deberán someter a la justicia a todos los servidores públicos que hayan cometido delitos y violaciones graves a los derechos humanos durante la actual administración.
Expresó que la Comisión elaborará un informe final, que será dado a conocer a la sociedad lo más ampliamente posible y “los datos e información de su contenido serán la base de sustentación de la acciones de acusación penal ante los tribunales nacionales e internacionales competentes”.
“La revelación de la verdad, el logro de la justicia y la reparación del daño a las víctimas de la guerra, es fundamental para curar las heridas y llegar a la reconciliación”, aseguró.
Es imprescindible que la sociedad conozca la verdad para acceder a la justicia de las víctimas, y para es preciso saber las causas, la dimensión, la profundidad de la inseguridad y la violencia sufrida por la sociedad durante el presente sexenio, apuntó el senador por el PT.
Por ello, expuso que otro de los objetivos de este organismo será la construcción de políticas públicas de ayuda a las víctimas “por los hechos violentos del sexenio y de apoyo para reconstruir sus vidas en los planos social, económico, de salud y de acceso a la justicia”.
Por último, señaló que según cifras que manejan los medios de información, hay 50 mil personas muertas, 10 mil desaparecidas y 500 mil desplazados.
La opinión pública, la prensa nacional e internacional, los organismos civiles de protección y promoción de los derechos humanos, --agregó-- han señalado el crítico y preocupante clima de inseguridad de extrema violencia que prevalece en el país.
El crimen organizado ha permeado las estructuras del Estado y sus agentes podrían ser, por acción u omisión, los responsables de hechos graves de violaciones de lesa humanidad, de tortura, desapariciones forzadas e ilegales, las ejecuciones sumarias o extralegales, puntualizó.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y dictaminación.
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