- Necesario contar con un mecanismo de control que evite ejecución de maniobras poco claras.
- Evitar el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva.
Es necesario establecer mecanismos de control en torno a la Comisión Ejecutiva, que permitan un marco estricto de actuación y eviten irregularidades en su estructura interna, por ser la encargada de ejecutar los acuerdos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Se plantea que la Comisión Ejecutiva será presidida por un Comisionado elegido por la Cámara de Senadores, y para ese efecto, se desarrollará un proceso de consulta y entrevistas que sirvan para definir al mejor perfil para ocupar el cargo a través de las Comisiones de Justicia y Gobernación del Senado y la elección deberá ser por las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión de pleno.
El comisionado presidente ejercerá sus funciones durante dos años, y podrá ser reelecto para un periodo más.
La iniciativa establece que los comisionados y el comisionado presidente, sólo podrán ser removidos de su cargo o destituidos, cuando en ejercicio de sus funciones transgredan o incumplan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución o hayan sido condenados por un delito que merezca pena corporal, mediante sentencia ejecutoria.
En este sentido, se propone establecer un régimen de destitución y remoción de los comisionados o la presidencia de la Comisión, en el que el Senado, sea el que se encargue de substanciar alguna denuncia o hechos contra algún comisionado.
También, que el comisionado presidente rendiría cuentas cuando sea requerido en la Cámara de Diputados, sobre la operación y gasto del Fondo, y por la Cámara de Senadores sobre las funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva por esta ley general y el Sistema, en especial en lo relativo a la operación del Registro Nacional de Víctimas.
Con la iniciativa se busca evitar el desorden al interior de la Comisión Ejecutiva y se dota de facultades a su presidente para que pueda actuar y hacer más operativa a la Comisión.
El documento se envió a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
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