La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y con cambios la minuta que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual establece la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención de estos delitos.

Asimismo, instituye la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones, con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

De igual forma, en este nuevo ordenamiento se reivindica que el Estado, en sus diversos órdenes de gobierno, desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil.

Establece el marco general de la prevención social y señala cuatro ámbitos de actuación programática: social, comunitario, situacional y psicosocial, así como también el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia y la delincuencia.

Además, los órganos que estarán encargados de la prevención social de la delincuencia son el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Al hablar en nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador Felipe González González resaltó que las reformas avaladas complementan todos los esfuerzos que se hacen para que el país recupere y rehaga el tejido social, el cual ha sido dañado de manera importante.

El legislador panista explicó que se podrán coordinar las acciones sociales entre los poderes municipales, estatales y federales con respecto a prevenir la violencia y evaluar las acciones y programas que se están llevando a cabo.

Esta ley --agregó-- es de vital importancia en este momento en el país, ya que viene a conjuntar todas las acciones que se realizan encaminadas a evitar la violencia.

Por su parte, el senador perredista René Arce aseguró que con esta ley se contribuye a cerrar el paso al establecimiento y consolidación de un Estado policíaco, a través de tres aspectos fundamentales como la participación activa de los ciudadanos en materia de prevención de la violencia y delincuencia

Asimismo, con la vinculación y coordinación de acciones entre ciudadanos y autoridades, y finalmente el encausamiento de labores y facultades de autoridades al rubro de la prevención.

No se trata de descalificar al gobernante en turno, ni tampoco de pactar con el crimen organizado y mucho menos sugerir que no se persiga y sancione a los delincuentes; por el contrario, se trata plantear propuestas para hacer mucho más integral y eficiente el combate a este flagelo que nos afecta a todos, precisó.

A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila manifestó que esta ley es quizás el primer cuerpo normativo de la Legislatura que intenta prevenir el delito.

Explicó que todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho durante décadas sólo han sido reactivos, coercitivos, punitivos y persecutorios, “pero hay una gran ausencia: la prevención del delito”.

Y sin la prevención del delito, si no hay alternativas para la población y fuentes alternas de desarrollo social, “por supuesto que seguiremos teniendo este problema tan lamentable que es el de la seguridad pública”, puntualizó.

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