El Senado de la República aprobó la derogación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones informar sobre el uso de los datos del RENAUT.

El reporte también deberá incluir las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Con estos cambios el Senado refuerza el marco legal para que el Estado investigue con mayor eficacia y en tiempo real los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión, amenazas.

Las reformas permiten a la PGR o servidores públicos responsables, solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionaros o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos móviles de comunicación asociados a una línea que se encuentren relacionados con la investigación.

Se deja en claro que los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos involucrados en un delito.

De no atenderse la solicitud, se castigará con una pena de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días de salario mínimo como multa.

En tanto, los centros penitenciarios tendrán la obligación de contar con equipos que bloqueen o anulen las señales de telefonía móvil, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro garantizando la continuidad y seguridad de los servicios al exterior.

El dictamen fue modificado durante la sesión ordinaria a petición del senador priista Rogelio Rueda Sánchez, para que en la Ley Federal de Telecomunicaciones se incluya la definición del término localización geográfica en tiempo real de teléfonos, y eliminar la coordinación entre concesionarios para garantizarla.

Al hacer uso de la tribuna, el senador panista Alejandro González Alcocer, indicó que las reformas tienen su origen en la sociedad y constituyen un instrumento para combatir a la delincuencia organizada.

Manifestó que ayudará más de lo que lo ha hecho el RENAUT porque cuida los aspectos de geolocalización de los teléfonos, cancelación de líneas y registros y bloqueo de uso de estos aparatos en penales.

Los beneficios que obtendrá la ciudadanía --dijo-- no sólo serán en materia de seguridad sino que al mejorar y promover la geolocalización permitirá acceder a tecnología de punta de la cual actualmente se carece.

Por su parte, el senador perredista Tomás Torres Mercado dijo que los cambios no violan los derechos de los ciudadanos presos en centros penitenciarios a comunicarse, ya que éste está avalado por la comunicación que pueden sostener en telefonía móvil.

Mencionó que si actualmente los ciudadanos no pueden ejercer su voz directamente en los congresos es responsabilidad de los legisladores convertirse en conductos para la presentación de esta demanda ciudadana.

Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila, señaló que México se encuentra sumido en una dinámica de reproducción de delitos telefónicos.

Hizo énfasis en que se debe proteger mejor la confidencialidad de los datos personales de los usuarios para que no haya fallas y pérdidas de bases de datos como sucedió con el RENAUT.

El dictamen que reforma los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; a las leyes Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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