El Senado de la República aprobó eliminar los permisos provisionales para la explotación de aguas nacionales que otorga la Comisión Nacional del Agua o el Organismo de Cuenca, en tanto se expide el título respectivo.

Asimismo, dejó en claro que la explotación o uso de las aguas nacionales por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal.

Con el acuerdo senatorial amplían las facultades de la autoridad en materia de previsión y seguridad de las personas en casos de desastres naturales, ya que se otorga la facultad para solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin de hacer cumplir las determinaciones de la Comisión Nacional del Agua.

En este sentido, se establece que en caso de existir riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, aguas nacionales, a los bienes, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados al agua, la autoridad podrá realizar de manera inmediata la clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales.

A propuesta de la senadora perredista Rosalinda López Hernández, se promoverá ante las autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y los municipios la adopción de medidas urgentes.

En ellas, explicó, serán incluidas el aseguramiento de bienes remoción o demolición de la infraestructura, con el objeto de proteger la vida y los bienes de las personas.

Por otro lado, en el dictamen aprobado se argumenta que hay una pérdida de control sobre el registro de agua que lleva a cabo el Registro Público del Agua, el cual se encarga de inscribir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga.

Al respecto, el senador de Acción Nacional Eduardo Nava Bolaños advirtió que de mantener la figura de permisos provisionales en la ley se corre el riesgo de sobreexplotar y sobreconcesionar aún más las cuencas, razón por la cual deben eliminarse.

En este sentido, destacó que de los 653 acuíferos que comprenden las trece regiones hídrico-administrativas, 102 se encuentran sobreexplotados, “la sobreconcesión en nuestro país se debe a que el Estado no cuenta con un inventario de recursos hídricos”.

El dictamen que reforma la Ley de Aguas Nacionales se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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