Comunicación-048

• Presenta iniciativa para que sólo aquellas instituciones acreditadas tengan acceso a los apoyos de la administración pública federal.
• Se requiere conjuntar esfuerzos para garantizar que la atención sea oportuna, adecuada y profesional, expone.

La senadora Adriana Dávila Fernández presentó en la sesión de este martes una iniciativa para establecer un mecanismo de acreditación y supervisión para las instituciones de asistencia pública y asociaciones civiles que presten servicios de atención y protección a las víctimas del delito.

De esta manera, enfatizó la legisladora de Acción Nacional, sólo aquellas organizaciones acreditadas podrán tener acceso a los apoyos que otorga la administración pública federal.

Dávila Fernández reconoció la labor de estas instituciones para apoyar a personas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos. En estas acciones, agregó, la cooperación entre la administración pública y aquellos grupos sociales organizados con vocación de servicio debe ser permanente.

Se deben conjuntar esfuerzos para garantizar que la atención a las víctimas sea oportuna, adecuada y profesional, pero en aras de la transparencia se requieren mecanismos para acreditar y supervisar estas funciones, pues la relación es con seres humanos que sufrieron algún tipo de afectación física o mental y demanda un seguimiento especializado, explicó.

Quienes se dedican a dar tratamiento y apoyo a las víctimas, destacó la senadora por Tlaxcala, tienen que cumplir con ciertas condiciones para que reciban el financiamiento público correspondiente.

Adriana Dávila propuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acredite a las organizaciones que comprueben contar con personal especializado, con título profesional de médicos, cirujanos, psiquiatras, psicólogos, trabajo social, ginecología, abogados, enfermeras o en aquellas profesiones que se requieren para la atención a víctimas.

En el caso de los refugios, albergues y casa de transición, consideró, deben contar con un espacio que brinde alojamiento temporal, seguro y digno; los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos alimentación, vestido, calzado e higiene personal; y programas reeducativos para el trabajo.

El proyecto de decreto por el que se adicionan las leyes General de Víctimas, de Asistencia Social y Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

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