La Cámara de Senadores solicitó al Ejecutivo federal un informe sobre los avances de las acciones y programas implementados para apoyar a los damnificados por el sismo del 4 de abril de 2010, que afectó a los Estados de Baja California y Sonora.

Además, pidió a la Comisión Nacional de Vivienda un reporte de los apoyos brindados para la reconstrucción y, en su caso, de los programas de reubicación de familias que perdieron sus viviendas.

El pleno senatorial también requirió del Gobierno de Baja California información sobre el estado que guarda la vivienda, la agricultura e infraestructura del municipio de Mexicali, las casas abandonadas que registra el Censo de Población y Vivienda 2010, así como las medidas que se adoptarán frente a tal problemática.

En el punto de acuerdo, los senadores subrayaron que dicho movimiento telúrico fue uno de los más intensos de los últimos cien años en la región, derivado de sus 7.2 grados de magnitud, que cambió la vida y perspectivas de miles personas.

Los daños provocados en territorio sonorense alcanzaron alrededor de los 30 millones de pesos y la mayor parte de las hectáreas afectadas en el valle de San Luis Río Colorado corresponden a cultivos de trigo y alfalfa, cuyo costo en el mercado se estimó en 200 millones de pesos, destacaron.

El impacto que tuvo el sismo en la entidad motivó al Ejecutivo estatal a solicitar el apoyo del gobierno federal, por lo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, emitió el 9 de abril de 2010 la declaratoria de emergencia para el municipio de San Luis Río Colorado.

En Baja California quedó acreditada la magnitud del temblor con la declaratoria de emergencia emitida el 5 de abril de 2010 para el municipio de Mexicali, con el fin de atender las necesidades básicas de la población afectada.

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