• Redes de encubrimiento deben ser castigados con todo el peso de la ley, exigen senadores en la Comisión Permanente.
• Michoacán requiere de todos los esfuerzos para recuperar su gobernabilidad, institucionalidad y legalidad.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que dé a conocer los motivos por los cuales la Policía Federal Preventiva (PFP) no aprehendió al narcotraficante Servando Gómez Martínez en el año 2009.

En la propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, los legisladores calificaron de “vergonzosa” la información derivada de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009, difundida recientemente por medios nacionales, en la que se da cuenta que la Policía Federal, en 2009, en tres ocasiones omitió su responsabilidad de detener al narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.

No hay más cinismo en un funcionario público que la omisión; por ello, su llamado a la PGR, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para que realicen una investigación profesional, transparente, pronta y apegada a derecho para esclarecer estos actos delictivos, en donde presuntamente participan funcionarios de la entonces Policía Federal y ex servidores públicos de la entidad.

Los senadores exigieron que se investigue hasta sus últimas consecuencias y en caso de encontrar responsables y redes de encubrimiento sean castigados con todo el peso de la ley.

Señalaron que la anterior administración del gobierno federal se distinguió por la alta presencia del crimen organizado, situación que de acuerdo con la PGR derivó en 121 mil 683 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico, aproximadamente una muerte cada 30 minutos.

Michoacán, se agrega, no fue ajeno a este fenómeno y en consecuencia se encuentra en pleno proceso de reconstrucción de su tejido social. Por más de una década, en la entidad no hubo desarrollo y prosperidad social, peor aún, aumentó gravemente el problema de la inseguridad pública porque algunas autoridades fueron cómplices y omitieron su responsabilidad en materia de procuración de justicia.

Basta mencionar que en el 2000, se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con el menor número de incidentes delictivos, es decir, se caracterizaba por ser una de las tierras más seguras y tranquilas de todo el territorio nacional, pero, por desgracia, en 2011 se posicionó en los primeros lugares con el mayor número de robos, extorsiones y homicidios ligados al crimen organizado.

Destacaron que el estado requiere de todos los esfuerzos para recuperar su gobernabilidad, institucionalidad y legalidad.

--.--