• Legisladores demandan cancelar concesión a Grupo México por el daño ecológico que provocó el derrame de sulfato de cobre.
• Solicitan realizar las denuncias correspondientes y deslindar responsabilidades.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Sonora, a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que suspendan las actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta que se evalúen los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

La asamblea hizo un llamado a la SE para que ordene la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, con relación a dicha mina, por el daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas.

En un punto aprobado, la Permanente conminó a la Conagua a que formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la Republica, a fin de que se realicen las investigaciones a que haya lugar y se apliquen las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron.

Además, pidió a la Conagua que ponga a disposición pública las muestras y análisis de agua realizadas por esta dependencia relativas al derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía sonorense, así como a organismos no gubernamentales para que lleven a cabo sus propias valoraciones.

Del mismo modo, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que cree una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada y solicitó que la empresa repare e indemnice al 100 por ciento los daños causados al medio ambiente y a la población.

Al presentar la propuesta de urgente resolución, el diputado Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, dijo que la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población, lo cual impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental afectara de manera grave a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.

Entre los saldos de este desastre, enfatizó, se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas del agua necesaria para sus actividades. La negligencia de la minera traerá consecuencias sociales que agravarán la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense por la caída de la producción agropecuaria, advirtió.

Dada la gravedad de los daños, asentó, lo procedente es exigir a las autoridades la suspensión y, en su caso la cancelación de los trabajos de minería realizados por esta corporación, pues no basta la sola aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar.

Previo a la aprobación de acuerdo, el senador Héctor Larios Córdova, de Acción Nacional, reconoció que no ha habido una respuesta contundente de todas las autoridades involucradas, por lo que estos hechos se tienen que investigar y en caso de existir, deslindar las responsabilidades que correspondan.

Coincidió en el que problema central es el abasto de agua potable, por lo que propuso intensificar los esfuerzos para garantizar el suministro del líquido, realizar un diagnóstico independiente que determine la magnitud de los daños ambientales, así como exigir a la empresa la reparación de las afectaciones.

En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna, advirtió que no es la primera vez que se presenta este tipo de tragedias en el país y en todos los estados que cuentan con actividad minera se denuncian abusos y violaciones relacionadas con la destrucción del entorno físico, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y destrucción irreparable de costumbres y formas de vida.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática consideró que a Grupo México se le debe retirar la concesión no sólo por un derrame equivalente a 40 millones de litros de la solución ácida de sulfato de cobre, sino por todos los daños que ha generado esta irresponsable minera.

A nombre del Partido del Trabajo, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza hizo un llamado para que se le dé seguimiento a los análisis y pruebas del agua del río, pues la contaminación es grave y lo metales vertidos no son de fácil eliminación.

El diputado Fernando Zárate Salgado, del PRD, destacó la importancia de reforzar el marco jurídico para que las empresas extranjeras que exploten nuestros recursos se apeguen a la Ley y las sanciones que se les apliquen correspondan al daño que ocasionen.

Su compañero de partido, Fernando Belaunzarán Méndez, coincidió en que las mineras en México “están depredando el medio ambiente” y representan a una industria privilegiada, sin contrapesos ni control estatal, que saquea el patrimonio nacional sin pagar impuestos de acuerdo a sus negocios.

El diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, destacó que después de una sequía de 10 o 15 años, Sonora tiene agua en condiciones normales, pero no se puede tomar porque está envenenada a causa de la irresponsabilidad de Grupo México.

Por Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas advirtió que este incidente, considerado como el de mayor impacto ambiental en la historia de la entidad, amenaza con convertirse en un problema de salud pública por la contaminación del agua.

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