- Se busca garantizar el cumplimiento de las normas y principios contenidos en materia educativa, señaló el senador Romero Hicks
- El gobierno local presentó una iniciativa que omite y contradice las disposiciones de temas torales de las reformas ya avaladas
El punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también hace un llamado al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, para que garantice el restablecimiento del Estado de Derecho, y el cumplimiento de las normas y principios contenidos en materia educativa, así como la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las reformas a la Ley General de Educación.
Lo anterior, debido a que para el 12 de marzo del presente año venció el plazo para la armonización de las legislaciones locales en materia educativa y, al día de hoy, no han cumplido con dicho mandato las legislaturas de Oaxaca y Guerrero.
El documento precisa que el 14 de agosto, el Gobernador de dicha entidad, turnó al Congreso local su iniciativa que expide la nueva Ley de Educación, la cual fue redactada en colaboración con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en ella se omiten y contradicen las disposiciones de temas torales contenidos de las reformas avaladas en la Constitución.
Se precisa que transgrede la facultad exclusiva de la Federación de promulgar los Planes y Programas para la Educación Básica y Normal, así como el reconocimiento a la Autoridad Nacional para la Evaluación de la Educación en materia de Evaluación y el Sistema Nacional para Evaluación de la Educación.
La propuesta señala que no debe haber excepciones en la aplicación de la reforma educativa, ni se debe permitirse que se aprueben contrarreformas en las legislaciones estatales, ya que es necesario que se respete la letra y el espíritu de la reforma educativa.
Romero Hicks manifestó que se da la impresión de que el gobierno local está de rodillas, cede ante demandas ilegítimas y transmite el problema al ámbito federal, “en una esquizofrenia donde la Secretaría de Gobernación los atiende y no hay una atención visible por parte de la Secretaría de Educación”.
Precisó que en condiciones graves, hay 27 mil 296 personas que no están en aula, frente a un grupo y no se sabe con certeza lo que están haciendo; en el impacto financiero esto significa por lo menos dos mil 376 millones de pesos, donde hay un abuso porque no está destinado al tema educativo.
Necesitamos que el gobierno local asuma todo esto, que no traslade el conflicto al Gobierno federal y que este se coordine de manera plena para que no mandemos mensajes inapropiados, finalizó.
El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Educación del Senado.
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