COMUNICADO-1559
• Necesario, consolidar políticas públicas acordes con las necesidades de los menores: senadora García Gómez
• México invierte alrededor del 6 por ciento del Producto Interno Bruto en la infancia
En la inauguración del foro "El papel de los Municipios ante una legislación que promueva y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes en México", la legisladora destacó el papel de este nivel de gobierno para garantizar el interés superior de la infancia, piedra angular de las entidades federativas que deben incorporarse a este nuevo esquema.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia hizo un llamado para consolidar políticas públicas acordes con las necesidades de los menores, ya que se necesita adoptar una legislación acorde con la Convención de los Derechos del Niño, así como los tratados y convenciones internacionales en la materia.
Sólo así, agregó la senadora de Acción Nacional, podemos superar los mecanismos fragmentados para atender a este sector y hablar de que la eficacia, la calidad y la buena orientación del Estado definan una política pública que los tome en cuenta, y permita su participación activa en la toma de decisiones.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el sistema debe puntualizar las facultades y obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que los derechos humanos de los menores tengan certidumbre.
Coincidió en que el ámbito municipal es determinante en el ejercicio y garantía de los de los derechos de los niños, pues ahí es donde se puede detectar con toda precisión cómo se anulan o no dichos derechos, sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad.
Érika Strand, jefa de Políticas Públicas de Unicef, afirmó que México invierte alrededor del 6 por ciento del Producto Interno Bruto en la infancia, a través del presupuesto federal, pero 80 por ciento de este gasto se destina a salud y educación, lo que deja a todos los otros derechos con menos recursos para su atención.
Aseveró que para la protección de niñas, niñas y adolescentes más vulnerables se canalizan menos del uno por ciento del gasto. Además, no se sabe cómo llegan ni a qué rubros se dirigen estos recursos en los ayuntamientos, por lo que se tiene que fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles.
Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, consideró que la gran reforma estructural de este país será la que reorganice al Estado para que atienda y garantice los derechos de los niños.
Si se deja pasar la oportunidad de concretar un sistema que los proteja, advirtió, se perderán dos décadas más para construir una mejor perspectiva para millones de mexicanos. Señaló que el 53 por ciento de la población infantil y adolescente de México (alrededor de 22 millones de personas) son pobres.
Consideró que es tiempo de dejar la frustración por los escándalos de Casitas del Sur, 1a crisis generada por los niños migrantes no acompañados o la impunidad en el caso de Mama Rosa y construir una nueva ley a la altura de las necesidades de los infantes.
Eleazar García Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y presidente municipal de Pachuca, expresó que los ayuntamientos deben incluir en sus agendas de trabajo actividades que creen o fortalezcan un sistema integral de garantías de derechos de la niñez.
Es fundamental reconocer la obligación constitucional que exige a todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el diseño de una agenda transversal de trabajo que asegure su ejercicio y la designación de presupuesto específico a favor de la infancia.
Luego de la inauguración, Márcia Helena Carvalho Lopes, ex ministra de Desarrollo Social de Brasil, dictó una conferencia magistral sobre el tema.
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