COMUNICADO-1501

•  Pemex no será competitivo, se crea la caja chica del gobierno federal y se reducen derechos de trabajadores: senadores.

Al presentar su voto particular, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD y PT manifestaron que votarán en contra del dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados con el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

La senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, subrayó que en la Ley se establece que si los recursos disponibles son mayores al 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), los excedentes se acumularán en la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo, pero la ley del Fondo expone que cuando la reserva de éste supere 3 por ciento del PIB, se podrán realizar transferencias extraordinarias al gobierno Federal.

La legisladora añadió que, entre otras cosas, el régimen fiscal aplicado a Pemex le impedirá ser competitivo, no contará con recursos de inversión, se le agotarán las reservas asignadas y no tendrá razón de existir porque no podrá seguir aportando ingresos al erario, causando efectos devastadores para las finanzas públicas a partir de 2019.

El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, advirtió los efectos graves en inversión en infraestructura, en salud, empleos, pérdidas en la renta petrolera, aumento de la pobreza y desigualdad en el país, toda vez que los recursos que se transferirán al Fondo estarán destinados a pagar a las empresas trasnacionales que operarán para extraer los hidrocarburos.

Afirmó que el fondo de las leyes es garantizar utilidades y rendimientos a las petroleras trasnacionales, sin menoscabo de sus finanzas y de sus pasivos. Con esta ley, dijo, podrán realizar negocios con la renta petrolera de los mexicanos, sin compartir riesgos sino sólo beneficios, es cristalizar una de las promesas hechas a las trasnacionales.

En opinión del senador Luis Sánchez Jiménez, el componente fiscal, presupuestal y financiera de la reforma energética constituye un ejemplo claro de la “dialéctica del engaño, la simulación y la componenda con la que se acordó la reforma energética”.

El legislador del PRD señaló que con el dictamen “las cosas cambian para que la realidad permanezca igual o peor”, pues lo único que se modificó fue la relación entre los poderes de la Unión para crear la “caja chica” del Ejecutivo federal.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, sostuvo que la aprobación de las leyes energéticas representa un golpe de estado legislativo que rompe con el pacto social del constituyente de 1917;  un golpe de mercado a la economía social en el que el Estado abdica a regir la economía y velar por el interés general; así como un  golpe político a los mexicanos al cederse el poder y la soberanía nacionales ante las corporaciones y grupos de poder económico predominantes.

Además, alienta la centralización del poder público en detrimento de los estados y municipios y transgrede los derechos de los trabajadores, pues se disolverán los contratos colectivos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y se impondrán nuevas reglas, como ocurrió con anterioridad con los sindicatos minero, educativo y electricista. Encinas Rodríguez dijo que hay indignación que se transformará en organización social para concretar la consulta popular sobre la reforma energética.

En su turno, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, señaló que se pretende que la ciudadanía pague los actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito de unos cuantos. En este sentido, cuestionó el destino de las previsiones salariales de pensiones y jubilaciones que cada año fueron parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el por qué no se fondeó el pasivo laboral de Pemex cuando el sexenio pasado hubo dos billones de pesos en excedentes petroleros.

Enfatizó que de 2005 a 2011, cuando la producción de petróleo llegó a su punto histórico más bajo, el Gobierno Federal infló la plantilla laboral de Pemex Corporativo en 78 por ciento; de Pemex Exploración en 49.5 por ciento y de Pemex Refinación en 26.4 por ciento, a pesar de que hace décadas que en México no se construye una nueva refinería.

El senador Raúl Morón Orozco expuso que con la aprobación del dictamen se convertirán en deuda pública los pasivos laborales de Pemex y CFE, e implica entre otras cuestiones, la disminución de los derechos legítimos de los trabajadores.

El legislador del PRD, agregó que por la deshonestidad y la ausencia de principios éticos de quienes han conducido las instituciones, el país enfrenta la mayor deuda pública de la historia. Es falso –reiteró- que se busque hacer de Pemex una empresa competitiva y asegurar su viabilidad financiera; Pemex no entra en los planes del gobierno, pues sólo le importa la apertura total al mercado de los hidrocarburos y para ello necesitan desmantelar la industria petrolera nacional.

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