• Legisladores de todos los grupos parlamentarios exponen argumentos a favor y en contra de los dictámenes

Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT discutieron en lo general las 39 modificaciones a las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, de la industria eléctrica, Ley de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, y modificación a diversos ordenamientos, remitidas por la Cámara de Diputados.

Al abrir el debate, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, se pronunció en contra del paquete de leyes energéticas porque atenta contra la soberanía nacional y contra la tenencia de la tierra agraria, al entregar la renta petrolera y de electricidad a las empresas extranjeras.

La senadora Mónica Arriola, de Nueva Alianza, manifestó su voto a favor del dictamen al considerar que representa herramientas en beneficio del desarrollo nacional. Apuntó que el Senado habrá de estar atento para evitar riesgos como la desnacionalización de la industria energética o la creación de monopolios.

En contra, el senador del PT David Monreal Ávila dijo que con esta reforma privatizadora, Pemex y CFE no se modernizarán ni habrá desarrollo económico, por el contrario, los precios de los energéticos no bajarán.

A favor, la senadora del PRI, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, subrayó que la reforma energética fortalece la tenencia de la tierra y asegura que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Puntualizó que no se eliminarán los subsidios a las tarifas eléctricas, ya que el Ejecutivo podrá establecer tarifas preferenciales para distintos grupos de consumidores.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, advirtió que se les está entregando un cheque en blanco a las trasnacionales petroleras porque la Ley de Hidrocarburos permite que se amedrente o amenace a los propietarios sin ninguna consecuencia.

Raúl Morón Orozco, también del PRD, se pronunció en contra porque las modificaciones trastocan el espíritu social de la Constitución de 1917 y se termina con un orgullo nacional: el cardenismo, filosofía que fue desplazada de la actual reforma energética.

En pro, el senador por el PAN Jorge Luis Lavalle Maury refirió que las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al paquete de leyes en materia energética permitieron robustecer las características del nuevo modelo sector y ofrece garantías a la sociedad, en particular a las comunidades agrarias e indígenas sobre la propiedad de la tierra por encima de cualquier otro interés.

La senadora del PRD Angélica de la Peña Gómez dijo que las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica no obligan a los asignatarios o contratistas a ejecutar proyectos en beneficio de las comunidades afectadas, además no se tiene la certeza de las regalías a las que tendrán acceso dichas comunidades.

Manuel Bartlett Díaz, del PT, aseguró el dolo y el engaño han sido la norma de la legislación, ya que los ejidatarios mexicanos no van a ser petroleros ni gaseros. Al mismo tiempo subrayó que Pemex no tiene ninguna autonomía presupuestal ni de deuda, pues la Secretaría Hacienda es la que define todo y es la dueña de la empresa productiva.

A favor, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, reiteró que las reformas tienen el objetivo de ubicar a México en la senda del crecimiento y generar los empleos que se necesitan.

Mario Delgado Carrillo, del PRD, habló en contra de la propuesta porque no hay instrumentos complementarios para desarrollar cadenas productivas intermedias para el desarrollo de la industria ni tampoco impactos favorables para generar empleos. No podemos tener una reforma donde la principal variable sea maximizar la renta petrolera, porque se convierte en una reforma depredadora.

En contra, Fernando Mayans Canabal, del PRD, habló de los daños que se generarán al medio ambiente y la salud, pues con la nueva legislación se perforarán más de 20 mil pozos mediante el sistema de fractura hidráulica “fracking”, para lo cual se requerirá una cantidad de agua equivalente al consumo de entre 4.98 y 15 millones de personas.

A favor, el senador Isaías González Cuevas, del PRI, indicó que el nuevo modelo energético especifica las contraprestaciones proporcionales al uso de los terrenos sujetos a servidumbre, lo que garantiza los derechos de los propietarios, otorga certeza jurídica y económica, pues pasa del 2 a 3 por ciento la renta máxima que recibirá el dueño de la tierra.

En contra, la legisladora Dolores Padierna Luna, del PRD, señaló que en los debates se presentó información contundente que demuestra que con la propuesta se desmantelarán las principales empresas del sector energético nacional. Calificó estas modificaciones como una contrarreforma, ya que los recursos energéticos se convierten en botín al servicio de una élite que sirve al extranjero.

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