COMUNICADO-1422

• No existe algún recurso o medio de impugnación a favor del promovente de una queja.
• En el ámbito administrativo se requiere de una reestructuración que respete los derechos de los gobernados.

La senadora del PRI María Verónica Martínez Espinoza presentó una iniciativa que plantea incorporar a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el recurso de revocación para el promovente de una queja o denuncia.

Lo anterior, debido a que no existe algún recurso o medio de impugnación a favor del promovente de una queja o denuncia en contra de un servidor público por el incumplimiento de sus deberes, lo que ha provocado mayor corrupción y por ende altos índices de impunidad.

La ley no contempla recurso o medio de impugnación en contra de esa determinación, lo que trastoca los derechos humanos, subraya la propuesta.

sta omisión ha provocado que funcionarios de la Secretaria de la Función Pública no solo abusen de sus actos discrecionales, sino que han generado mayor impunidad, porque se frena, obstaculiza, la justicia a los quejosos, más aun cuando asumen la calidad de víctimas, ya que han sido afectadas por el inadecuado o irregular actuar de los servidores públicos.

Se señala que en materia penal se ha ido avanzando para la protección de la víctima, sin embargo en ámbito administrativo se requiere una restructuración, hacer cumplir y respetar los derechos de los gobernados.

Refiere que las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica muestran el déficit que tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados palpables a la población y confirman que en México es urgente desmantelar la corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustentan.

La corrupción merma la capacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud, indica el documento.

Es imperante que los servidores públicos para el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, den cumplimiento a sus obligaciones, actuando en base a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, puntualiza.

La iniciativa se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

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