• Fueron aceptadas a discusión las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD
• Para este jueves se abordará el cuarto y último dictamen de las leyes reglamentarias de la reforma energética

Las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, concluyeron el análisis y discusión del proyecto para expedir las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

En el debate en lo particular del tercer dictamen de las leyes reglamentarias en materia energética participaron 16 senadores del PRI, PAN y PRD, con más de ocho horas de discusión. Además, los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática se reservaron todo el articulado del dictamen.

Al término de la reunión, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, citó para mañana, a las 15:30 horas, a fin de abordar el cuarto y último dictamen que este día se distribuyó a los integrantes de las comisiones dictaminadoras y se publicó en la página del Senado.

En lo particular, las comisiones aceptaron la discusión de las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD.

A hacer uso de la palabra, el legislador aseguró que en el grupo parlamentario del PRD “no estamos cerrados” a que Pemex y la CFE incorporen nuevos procedimientos de inversión para generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana.

Lo que hemos denunciado, advirtió, es el interés manifiesto del Ejecutivo federal para abrir estas dos entidades a una transición que no busca que se conformen en empresas altamente competitivas, por el contrario, en los proyectos para expedir las nuevas leyes de Pemex y CFE se confirma su paulatino debilitamiento hasta su desmantelamiento.

Ante ese escenario, Robles Montoya presentó reservas a los artículos 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97 de proyecto para expedir la Ley de Petróleos Mexicanos, así como sus correlativos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Propuso que las dos entidades permanezcan como propiedad del Estado, con verdadera autonomía de gestión para organizar sus actividades con fundamento en criterios administrativos, técnicos, económicos, financieros, estratégicos, ambientales y de seguridad.

Planteó que el auditor externo de Pemex sea designado por la Cámara de Diputados y consideró que el régimen de remuneraciones de estas empresas no debe estar sujeto al libre mercado, pues podría ser causa para desplazar a los trabajadores de nuestro país en favor de empleados impuestos por las empresas extranjeras, por lo que esta disposición se debe detener.

También propuso que los consejeros sean designados por el Senado de la República, que la Comisión de Energía de ésta Cámara --previa consulta al Consejo de Administración, a la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores, trabajadores y al Instituto Mexicano del Petróleo, sea la que someta a el Pleno senatorial una terna para cada vacante, privilegiando la perspectiva de género.

Al pronunciarse en contra de las propuestas, el senador Salvador Vega Casillas, del PAN, indicó que si bien se puede integrar transparencia, eficacia, eficiencia, honestidad y productividad, estas disposiciones se encuentran en los artículos que integran el dictamen.

En cuanto al método de elección de consejeros, señaló que el objetivo es que “la política saque las manos de Pemex”. Advirtió que de modificarlo se corre el riesgo de formar un Consejo que tenga una “visión o empuje” partidista y “eso es lo que no queremos”.

En tanto, el senador Enrique Burgos García, del PRI, señaló que no está a discusión la propiedad originaria, exclusiva, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y la electricidad, tal como lo establece el artículo 27 constitucional.

Afirmó que el gobierno es quien representa y administra a la nación, de acuerdo a la voluntad del pueblo que está expresada en la Constitución. Ésta, a su vez, tiene la supremacía jurídica y todos los demás ordenamientos están subordinados a ella.

Por su parte, el senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, dijo que respecto a las filiales y subsidiarias, con este dictamen se pretende darles normas de funcionamiento para establecer reglas y candados que minimicen los riesgos de abusos y corrupción.

Señaló que uno de los logros es la modificación del Consejo de Administración, donde se acaba con la participación del sindicato en este Consejo y se busca fortalecer la participación de los consejeros independientes.

Al hablar a favor de las modificaciones, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, sostuvo que en los artículos discutidos se pierde el objetivo central de la reforma energética de dotar de autonomía a Pemex y la CFE, pues se les impone un régimen fiscal diferenciado e incluso con un dividendo anual que sangrará sus finanzas e impedirá su fortalecimiento.

Consideró además que la designación de los integrantes del Consejo de Administración y del auditor de Pemex no puede establecerse como una facultad discrecional del Ejecutivo, sino que el Senado y la Cámara de Diputados deben de participar, para garantizar su autonomía de manera efectiva.

En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna refirió que a las filiales y subsidiarias con las que cuenta actualmente Pemex no les aplica la Ley de Entidades Paraestatales, no rinden cuentas, tienen amplia flexibilidad jurídica y pueden contratar deuda al margen del Congreso, lo cual es inconstitucional.

Por ello, consideró que con el dictamen se pretende legalizar a este tipo de empresas que se crean con recursos públicos, pero que no están sujetas a fiscalización y las cuales han dañado severamente no sólo al sector energético sino a toda la industria nacional.

El también senador del PRD Zoé Robledo Aburto destacó que las directrices de la Organización para Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, mencionan que a la hora de desarrollar y actualizar la política de propiedad del Estado, “los gobiernos deberían de hacer un uso adecuado de la consulta pública”.

La entidad coordinadora o propietaria debería ser responsable ante órganos de representación como el parlamento y mantener unas relaciones claramente definidas con los organismos públicos relevantes, incluyendo las instituciones superiores controladas por el Estado.

El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub indicó que no comparte las propuestas para modificar el dictamen, porque los conceptos de fondo que propone están incluidos.

También expresó que con la reforma se podrá reponer la caída de la producción de un millón de barriles en menos de 10 años y dejar de importar 18 mil millones de dólares cada año en petroquímica.

En esta segunda ronda de debate, se pronunciaron en contra los senadores Ernesto Gándara Camou, David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN, mientras que los legisladores Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal se manifestaron a favor de la propuesta de su compañero de bancada, Benjamín Robles Montoya.

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