COMUNICADO-775

•  Piden actuar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

•  Buscan erradicar prácticas discriminatorias en la asignación de apoyos en programas federales de apoyo social

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) una investigación por las declaraciones de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, pues podrían considerarse discriminatorias y racistas y que, de encontrarse elementos suficientes, se actúe en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, se pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie de oficio una investigación sobre dichas afirmaciones, emitidas el 30 de abril en la comunidad de Los Encinos, en el estado de Nayarit, y, en su caso, emita una recomendación al respecto.

Al presentar el punto de acuerdo, a nombre propio y de diversos senadores del grupo parlamentario del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza aseveró: “La secretaria Rosario Robles olvida que su principal tarea precisamente es no generar distinciones, sino lograr que nuestra sociedad cada día sea más igualitaria.”

Apuntó que el artículo 1º constitucional prohíbe todo tipo de discriminación, mientras que el artículo 4º garantiza el derecho de todas las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Agregó que el artículo 4º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

“¿Cómo podemos confiar en su compromiso y en que cumplirá sus metas si en el discurso manifiesta un espíritu completamente distinto al que debería abanderar?” comentó Gómez del Campo acerca de las declaraciones de la funcionaria pública, según las cuales el programa Oportunidades ya no beneficiará a quienes tengan más de tres hijos.

El punto de acuerdo también solicita a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para que se haga la evaluación de las reglas de operación de los programas sociales a su cargo, a fin de que no se incurra en prácticas discriminatorias.

Por otra parte, se aprobó un exhorto a la Sedesol, propuesto por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que explique las reglas de operación del Programa Oportunidades y la justificación de los condicionamientos que se determinan según el número de hijos de las familias beneficiarias.

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