COMUNICADO-709

•  Existe una grave deficiencia en la implementación de las órdenes de protección

•  Las autoridades se encuentran obligadas a asegurar que toda su estructura responda efectivamente

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se explique con mayor puntualidad la trascendencia de las órdenes de protección de tipo emergente o preventiva y, efectivamente, se pueda orientar a una correcta aplicabilidad de ellas.

Advirtió que existe una grave deficiencia en la implementación de las órdenes de protección, porque de 58 mil hechos de violencia contra las mujeres, que manifiestan haber tenido conocimiento las autoridades en 16 entidades federativas, sólo se han emitido cuatro mil 015 acciones de protección a favor de ellas, es decir, el 7 por ciento.

La iniciativa puntualiza que los datos referidos reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Es por ello que es necesario ilustrar cómo tienen que implementarse estas órdenes de protección, a fin de lograr una buena práctica con el perfeccionamiento de la ley en esta materia y garantizando que la vida de las mujeres no corra peligro, para que puedan tener respuesta pronta y oportuna cuando sufren cualquier tipo o modalidad de violencia de género.

La propuesta establece que estas órdenes deberán otorgarse por la autoridad competente, Ministerios Públicos y órganos jurisdiccionales según corresponda, inmediatamente después de que conozcan de la situación de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre una mujer víctima de violencia y las víctimas indirectas.

Las autoridades están obligadas a asegurar que toda su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para emitir, implementar y dar seguimiento a las Órdenes de Protección otorgadas por las autoridades jurisdiccionales, a fin de proteger de posibles daños los derechos humanos de las mujeres que viven violencia, subraya el documento.

Fue remitida a las comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

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