COMUNICADO-671

•  Se trata de un trabajo político y de diálogo democrático con las Fuerzas Armadas, destacan los senadores.

•  Precisan que la reforma atiende las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó modificaciones al Código de Justicia Militar, a fin de permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles.

Al presentar el dictamen ante el Pleno, a nombre de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth destacó que la reforma es producto del trabajo político y de un diálogo responsable y democrático con las Fuerzas Armadas que, por primera vez en la historia del parlamento, comparecieron en audiencia pública para intercambiar puntos de vista, técnicos e institucionales, sobre el contenido de esta política pública.

Como regla general, explicó, se consideraran delitos contra la disciplina militar aquellos comprendidos en el Libro Segundo del Código, pero se establece una excepción para que las conductas establecidas no se consideren transgresiones a dicha disciplina cuando los militares no se encuentren en campaña.

Dijo que cuando una persona civil esté implicada en un delito cometido por militares, en ningún caso se juzgará en la jurisdicción militar y siempre será juzgada por tribunales civiles.

“Hemos logrado un equilibrio político de larga profundidad y un avance sustancial en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y de la jurisdicción plena que tiene el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos en nuestro país”, expresó.

Por la Comisión de Defensa Nacional, el senador Fernando Yunes Márquez enfatizó que se delinearon los alcances del fuero militar bajo tres directrices fundamentales: en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional.

Además, sólo se debe juzgar a militares en activo por la comisión de delitos y faltas que, por su naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; y las víctimas civiles tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la reparación del daño, sino para hacer efectivos sus derechos a la verdad y justicia.

Con ello, dijo, se moderniza y se armoniza el Código con las demás normas que nos rigen, bajo las sugerencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la sociedad civil que, desde hace muchos años, demandaba que este ordenamiento fuera reformado.

Esto permitirá a las Fuerzas Armadas contar con un marco normativo que fortalezca sus esfuerzos, para que su actuación sea con respeto absoluto a los derechos humanos.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez mencionó que la reforma representa un avance importante, pero hace falta que el Ejército y la Armada de México dejen de cumplir con funciones policiales que les corresponden a la autoridad pública civil y que pronto regresen a sus cuartales.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, refirió que estas modificaciones, que también se han registrado en otros países, se han dado fundamentalmente en momentos de crisis políticas, después de golpes militares y como resultado de amplios movimientos sociales.

“Si bien hoy tenemos una situación de excepción en materia de seguridad pública, lo cierto es que hemos podido llegar a un buen acuerdo en tiempos de paz, y espero que esta relación que se replantea con las Fuerzas Armadas sea el inicio para que el Congreso de la Unión haga efectivas sus funciones de fiscalización y control sobre el conjunto del Poder Ejecutivo”, manifestó.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González aseguró que con esta reforma el Senado busca atender y acatar diversas obligaciones internacionales y criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para que la jurisdicción penal militar se encuentre inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno”.

Los tribunales militares, subrayó, en ningún caso y por ningún motivo los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un civil, la autoridad ordinaria conocerá del caso.

Consideró que estas modificaciones son trascendentes para armonizar la legislación en materia de justicia penal a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, por lo que este dictamen lleva en la dirección correcta al Poder Legislativo en este tema.

La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez manifestó que esta reforma no se trata de una “concesión ni tampoco de un acto de buena voluntad”, pues hay un mandato de la Corte Internacional “que nos obliga” a legislar en esta materia y “esa es nuestra responsabilidad”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos informó que las organizaciones civiles han expresado que el producto final de esta reforma constituye un “gran paso en el sentido correcto”, pero aún persisten elementos que impedirán que México cumpla cabalmente con las sentencias de la Corte.

Destacó que estos cambios trastocan “uno de los temas más controvertidos para la conciencia y memoria nacional: el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada en nuestro país y las innegables e inocultables violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército y la Marina”, considerada como una de sus etapas “más oscuras”, donde han obedecido a la lógica de un Comandante Supremo, que es el Presidente de la República en turno.

El senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, estimó que la Cámara de Senadores “da un paso más en materia de justicia de derechos humanos”, y la reforma representa un avance en la relación entre civiles y militares.

La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, manifestó que esta reforma fortalece el respeto a los derechos humanos de los militares y civiles, pues plantea un sistema moderno y democrático entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

Arely Gómez González, senadora del PRI, dijo que el dictamen incluye un proyecto integral de modernización a la justicia militar, “y con su aprobación logramos una vez más el consenso que muchos creían imposible”.

El senador del PRD, Ángel Benjamín Robles Montoya, afirmó que la reforma no pretende vulnerar a la disciplina militar, ni debilitar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, sino que busca fortalecerlas, porque hace falta un compromiso claro con la sociedad para sancionar a los elementos que deshonran los principios de conducirse con pleno respeto a los derechos humanos.

El dictamen aprobado, que modifica el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Así, los delitos del orden común o federal que sean realizados por militares en servicio o con motivo de actos del mismo, en tiempo de guerra, en territorio declarado en ley marcial o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, serán juzgados por la justicia civil.

Cuando de la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, inmediatamente el Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, “sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos”.

Se establece que la Policía Ministerial Militar actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los hechos. Se precisa que la Policía Ministerial Militar por ningún motivo podrá realizar, de propia autoridad, investigación sobre personas, manipulación y práctica de peritajes sobre los objetos asegurados.

Asimismo, entre otras modificaciones, se faculta al Ministerio Público para que, al investigar delitos contra la disciplina militar, pueda solicitar la práctica de un cateo, para lo cual deberá acudir al juez militar o al orden federal o común.   

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